La Junta de Andalucía ha acordado este viernes alquilar durante 30 años un edificio al Ayuntamiento de Fuengirola donde unificar todos los órganos judiciales en una nueva sede, que duplicará el espacio actual hasta disponer de 8.500 metros cuadrados y acabará con la dispersión de este partido en cuatro inmuebles.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, José Antonio Nieto, y la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, han firmado este viernes el correspondiente protocolo de colaboración para impulsarlo y ahora se buscará el suelo idóneo en el que el Consistorio construirá el edificio y se tramitará la cesión.

Así, se cubrirán las necesidades presentes y futuras de nuevos juzgados que se puedan crear y el pago del alquiler por la Junta permitirá al Ayuntamiento recuperar la inversión.

Nieto se ha comprometido a incluir a Fuengirola en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que diseña la consejería, ya que las cuatro sedes actuales -tres de ellas alquiladas- tienen problemas de espacio y no reúnen las condiciones adecuadas para el trabajo del personal y la atención a la ciudadanía.

Mientras se desarrolla el proyecto, ha señaaldo que será necesario intervenir en el único de los cuatro edificios en propiedad para solventar los problemas de accesibilidad, climatización y eficiencia energética, para ello la Junta invertirá más de 1,4 millones de euros, la mayoría con cargo a los fondos europeos PIREP.

El consejero ha reconocido que la provincia de Málaga es de las que presenta un mayor déficit en cuanto a sedes judiciales, con "problemas serios" en partidos judiciales como Marbella, Torremolinos o Estepona, por lo que tendrá especial atención en ese plan en Marbella, Torrox, Archidona o la ampliación de la Ciudad de la Justicia de la capital.

Nieto ha defendido vías alternativas de financiación, ya que "los recursos son finitos", y cree que una es la colaboración pública con "ayuntamientos solventes, de todo signo político, que gracias a una buena gestión económica cuentan con recursos para adelantar la financiación" que recuperarán, pues la Junta abonará un alquiler durante al menos 30 años.

Los edificios construidos son de titularidad municipal, por lo que "incrementan su patrimonio" y, transcurrido el plazo del contrato de alquiler con la Junta para su uso judicial, pueden decidir el futuro de estos, continuar como sede judicial renovando el contrato, o recuperarlo, ha subrayado.

Ya se han suscrito acuerdos similares con ayuntamientos como el de Jerez de la Frontera (Cádiz), Carmona (Sevilla) o, dentro de la provincia de Málaga con Marbella o la Diputación de Málaga para la construcción de la sede de Torremolinos.

Nieto ha destacado que se responde conjuntamente a una demanda histórica y a las necesidades del partido judicial de Fuengirola, que atiende a una población de 178.600 personas al prestar servicio también a Mijas.

Cuenta con decanato, cinco Juzgados de Primera Instancia, cuatro de Instrucción, uno de Violencia de Género, Sección territorial de la Fiscalía Provincial así como Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Se trata de una zona que lleva años incrementando su población, con una importante presencia de extranjeros, de ahí que el objetivo sea duplicar el espacio para acoger nuevos juzgados que previsiblemente será necesario crear en el futuro, puesto que "ya en este momento haría falta al menos un juzgado más para el que no hay espacio".

La alcaldesa ha recordado que llevan 30 años demandando esa mejora de la sede judicial y desde el Gobierno de la Junta ni siquiera les atendían y "no le daban importancia a los problemas" y se ha comprometido a trabajar para que las obras se inicien esta legislatura.

De esta forma, el acuerdo que ambos representantes han suscrito hoy establece que el Gobierno andaluz estudiará y escogerá uno de los terrenos planteados por el Consistorio para impulsar la construcción de este equipamiento.

En este sentido, el documento recoge que será el Ayuntamiento el que adelante la financiación para la redacción de los proyectos técnicos y su construcción, mientras que la Junta de Andalucía dará el uso comprometido y abonará la cuantía invertida por el ente local, más 1,5 euros por cada euro empleado, a lo largo de los siguientes 30 años.