Nueva vuelta de tuerca a la polémica suscitada en torno al transporte urbano en Estepona. Después de que el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), y su anterior socio de gobierno, José Ignacio Crespo (PES), se responsabilicen mutuamente de la deuda existente con la empresa adjudicataria del transporte urbano, Portillo, el PP ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia provincial de Málaga que investigue los hechos.

Según los populares, en 2004 se firmó un acuerdo con esta compañía para ampliar y mejorar el servicio y cubrir parte de los costes adicionales, lo que se hizo "sin convocar el oportuno concurso público".

Además, los populares denuncian el hecho de que la empresa reclame ahora el pago de 1,5 millones de euros a pesar de no existir ningún contrato entre el Ayuntamiento y la citada sociedad. Según el portavoz del PP, Ignacio Mena, "por lo que a nosotros respecta, la empresa ha estado prestando el servicio de manera altruista, de forma que no se le debería pagar ninguna de las facturas que reclama al no existir base jurídica para ello".

Mena incidió en el hecho de que Portillo, "ya se ha visto vinculada a otras operaciones presuntamente irregulares en el marco de la operación Malaya", por lo que entiende que este es otro motivo "para llevar a cabo una investigación".

Por su parte el alcalde se mostró a favor de remitir los hechos a la Fiscalía ya que, según apuntó ayer, "el Ayuntamiento también lo ha puesto ya en manos de los tribunales".