Piden la nulidad de la adjudicación de la estación de autobuses

La empresa Autocares Lara ha solicitado la nulidad de las adjudicaciones de los contratos de gestión de la actual estación de autobuses y del servicio de transporte urbano de Ronda, ya que las considera "no ajustadas a derecho". La empresa ya presentó ante el Ayuntamiento los correspondientes recursos de reposición, y ahora, después de que el Consistorio no accediera a la suspensión, los responsables de la compañía han decidido continuar con la causa por la vía judicial.

Las concesiones fueron otorgadas en sendas sesiones plenarias a Tajotour, en el caso de la estación de autobuses, y la UTE Lara y López Autobuses y Autocares Sierra de las Nieves, en el del transporte urbano.

En cuanto a la gestión de la estación de autobuses, los motivos que han empujado a esta empresa a recurrir las adjudicaciones se basan en que sólo se tuvo en cuenta un criterio a la hora de realizar la concesión, el del precio más bajo, algo que vulneraría el artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) al tratarse de un servicio público.

Además, sostienen que el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Ayuntamiento rondeño ofrece una contradicción al señalar los criterios valorables, ya que mientras en una cláusula se habla de "varios criterios vinculados al objeto del contrato", en otra se limita a "un único criterio de adjudicación, el mayor canon ofertado".

Al reducirse únicamente la valoración de las ofertas al apartado económico, la empresa considera que se dejan de tener en cuenta factores igualmente importantes para la prestación del servicio, como la calidad, las características medioambientales, el valor técnico o el mantenimiento, entre otros.

Más motivos para la impugnación esgrime la empresa en el caso de la concesión del servicio de transporte urbano, aprobada en pleno el pasado 7 de noviembre. Especialmente, se hace hincapié en la inclusión de dos trabajadores municipales en la mesa de contratación que, sin embargo, no tienen la condición de técnicos, tal y como se exige en el pliego. En concreto, se trata de un policía local y otro trabajador del que se desconoce "cuál es la exacta naturaleza de la relación de empleo público que lo une con el Ayuntamiento".