La empresa deja el club de pádel por discrepancias con el Consistorio

Poco más de cinco meses ha durado la gestión de la empresa Merlín Promociones al frente del Club de Raqueta de Benalmádena, un centro deportivo especializado en la práctica del pádel. Un tiempo en el que tanto la empresa como el Ayuntamiento se han cruzado todo tipo de reproches, como es el caso de impago del canon correspondiente a la explotación. Sin embargo, el director de Merlín, Domingo Sánchez, anunció ayer que a partir de hoy dejará de gestionar el club debido a las supuestas "presiones" que ha recibido, en especial, según detalló, de la Concejalía de Deportes y de Puerto, que están dirigidas por el partido Unión Centro Benalmádena (UCB).

Pero para entender la situación que ha atravesado este club hay que remontarse a febrero. En esa fecha Merlín recibió un requerimiento de pago por parte del Patronato Deportivo en el que se le instaba a abonar en un plazo de cinco días el canon de 46.000 euros que estaba contemplado en la concesión, el cual ya debía haberse entregado. Sin embargo, la empresa solicitó una compensación de deuda para abonar dicha cuantía, ya que el Consistorio le adeudaba unos 300.000 euros por la organización de otros eventos. Es decir, la intención era que se descontara la cifra de la cantidad pendiente. Gracias al plan de pago a proveedores la empresa sólo ha recibido unos 60.000 euros del total de la deuda municipal, detalló Sánchez.

Este planteamiento no contó con el visto bueno de Tesorería, pues se advirtió de que eran dos deudas distintas al ser una de una empresa municipal y la otra del Consistorio. Sánchez informó de que entonces decidió pagar, aunque el Ayuntamiento ya había puesto en marcha el proceso de resolución de contrato por incumplimiento. También se desestimaron las alegaciones presentadas contra esta decisión, por la que se obligaba a Merlín a abandonar el recinto antes del 30 de abril.

"Un par de días antes de que tuviésemos que abandonar el club, nos llegó el auto de un juez sobre unas medidas cautelares que habíamos pedido. En pocas palabras, se nos autorizaba a seguir hasta que existiese una orden judicial de desalojo", explicó Sánchez. No obstante, debido a las situaciones vividas la entidad ha optado por abandonar sus obligaciones y cedérselas a la siguiente empresa que estaba en el concurso.

Asimismo, Sánchez denunció que "nadie" se había puesto en contacto con ellos para concretar cómo se haría la transición. También dijo que la futura empresa deberá hacerse cargo de todos los empleados, excepto de cinco cuya situación laboral queda en el aire. "Hemos decidido que no vamos a trabajar más con esta Corporación y en especial con las concejalías de UCB. Nuestra lucha continuará en los juzgados", concluyó el representante.