El PP de Benalmádena exige responsabilidades a Navas por la adjudicación del contrato de zonas verdes en 2022

El Partido Popular (PP) de Benalmádena ha exigido este viernes al exalcalde socialista, Víctor Navas, que dé “explicaciones públicas” y “asuma sus responsabilidades” tras anular el Tribunal Supremo el contrato de mantenimiento de parques y jardines adjudicado en 2022, enfrentándose el Ayuntamiento a “perjuicios económicos”, según ha destacado su portavoz, Presi Aguilera. Mientras, el ex regidor del PSOE ha solicitado al equipo de gobierno “que haga pública la sentencia", destacando que esta sólo hace mención a "repetir el momento de la adjudicación del contrato bajo otros criterios”.

“Nos escandaliza y nos preocupa la forma de proceder en Benalmádena del PSOE de Navas, el partido que tiene a sus dos últimos secretarios de organización, Ábalos y Cerdán, como protagonistas principales de una trama de corrupción y mordidas que está afectando a las instituciones y a las bases democráticas”, ha señalado la popular.

Esta semana se ha conocido que el Tribunal Supremo ha anulado el contrato por adjudicarse en aquel momento a las empresas FCC Medio Ambiente y FCC Equal por 15,1 millones con el voto de calidad del entonces concejal de Parques y Jardines, el socialista Joaquín Villazón, para desempatar entra las empresas que se presentaron al concurso público, "quien usó ese derecho como presidente de la mesa de contratación y a pesar de la posición contraria, tanto de la secretaria de la misma como del interventor municipal", según publicó Europa Press.

La presentación de propuestas a la licitación dio como resultado un empate entre 7 compañías, siendo el criterio para desempatar el “computar a los trabajadores con discapacidad de las empresas, estableciendo dicho cómputo en función del porcentaje de participación en la UTE de cada una”. El TSJA en la sentencia señala que la interpretación "literal o gramatical" del pliego no dice nada sobre ese criterio para efectuar el cómputo y "ordena al Ayuntamiento que vuelva a contabilizar el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión de todas las empresas licitadoras empatadas".

Aguilera ha destacado que “la sentencia del Supremo deja en evidencia cómo el PSOE de Benalmádena actuó al margen del rigor jurídico, imponiendo decisiones arbitrarias que hoy ponen en riesgo el equilibrio económico del Ayuntamiento”, según informa la formación popular en un comunicado.

Así, ha valorado que “el gobierno de Navas se saltó todas las advertencias técnicas y legales, incluso las de la secretaria de la mesa de contratación y el interventor, para beneficiar a una empresa concreta, lo que demuestra un desprecio absoluto por la transparencia y la legalidad”. “Es lo mismo que estamos comprobando cada día con las noticias de los escándalos que rodean a Pedro Sánchez”, ha agregado.

La portavoz del PP ha calificado los hechos como “un escándalo institucional que debe tener consecuencias”, por lo que desde la formación “exigimos responsabilidades a Víctor Navas y al PSOE de Benalmádena por los perjuicios económicos a los que se enfrenta el Ayuntamiento por esta temeraria actuación que ahora todos los vecinos van a tener que pagar”.

Aguilera ha asegurado que “esto no es solo una chapuza política, es un atentado del PSOE de Víctor Navas contra los intereses de los benalmadenses y pone de manifiesto una forma de actuar de los socialistas en las instituciones que nos repugna y nos causa el máximo rechazo”.

“Víctor Navas permanece en silencio, pero nosotros exigimos que dé explicaciones públicas y asuma sus responsabilidades porque él era alcalde cuando se realizó esta adjudicación irregular”, ha concluido Aguilera.

El PSOE pide hacer pública la sentencia

Por su parte, el portavoz del PSOE de Benalmádena y ex alcalde de la ciudad, Víctor Navas, ha solicitado al equipo de gobierno “que haga pública la sentencia sobre la adjudicación "irregular", que sólo hace mención a repetir el momento de la adjudicación del contrato bajo otros criterios”.

Según sus palabras, el fallo judicial “pone en cuestión al Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía, y no al anterior gobierno municipal”,

Por otro lado, ha señalado que el alcalde, Juan Antonio Lara, “ha llevado la peor negociación posible con el nuevo adjudicatario, al que le quiere regalar el beneficio industrial de los últimos 3 años, porque así lo ha pedido. Una vez más, Lara no vela por el interés general, sino por su propio interés.”

Así, ha declarado que “estamos ante otra cortina de humo del PP, que no puede explicar cómo ha regalado el agua de los benalmadenses a un socio privado, sin exigir una sola contraprestación”.