Vecinos piden parar el desalojo de 62 familias en una promoción de Manilva

Vecinos y colectivos sociales piden paralizar el desalojo de 62 familias de una promoción de la urbanización Sol y golf de Manilva, localizada en la calle Sarmiento, parte de las cuales han estado pagando un alquiler a bajo coste durante más de 10 años, y entre las que se encuentran personas vulnerables como menores, jubilados o discapacitados. Los afectados solicitan a las administraciones una solución y mediar con la propiedad para conseguir alquileres sociales.

Una empresa resultó adjudicataria en 2023 de las fincas, tras adquirir la deuda de un “préstamo” solicitado en 2014 por una de las promotoras que construyó la urbanización a una entidad bancaria, que “no pagó”, por lo que el crédito se traspasó a otros bancos y fondos hasta la actual propietaria, que solicitó el desalojo por la vía judicial, según ha explicado Mercedes Blanco, abogada de varios afectados.

El conflicto judicial se enmarca en el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por la propiedad y que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona resolvió en abril de 2025 que “los ocupantes no tenían título legítimo para permanecer en los inmuebles”, según el auto al que ha tenido acceso este diario. La ejecución del desalojo está fechada para los días 10, 11 y 12 de febrero.

Blanco ha relatado que una parte de los vecinos ha estado pagando a la promotora y a “otras sociedades”, supuestamente vinculadas a ella, “el alquiler y la comunidad” entre 2014 y 2024, de viviendas que se entregaron “sin luz y sin agua”. Pese a ello, ha lamentado que la jueza ha dictado un auto de ejecución hipotecaria porque “los considera como ocupantes ilegales, no arrendatarios”, ya que hace un año la anterior propiedad dejó de cobrar el alquiler. Ante la decisión se presentó recurso de apelación que ha sido desestimado. También ha indicado que el Juzgado no ha contestado a una solicitud de “nulidad” del desalojo por vulnerabilidad.

Ramón Díaz es el abogado de otra veintena de afectados que ha solicitado igualmente la vulnerabilidad de sus clientes, en base al Real Decreto-ley 1/2021, criticando que los Servicios Sociales del Ayuntamiento “no están dando las resoluciones”, por lo que mandará una carta a los Ministerios de Interior, Justicia y Vivienda para trasladar la situación de estas personas. Además, ha indicado que “se han recurrido todas las resoluciones del juzgado”, como que la jueza “haya estimado que los contratos de alquiler no tienen validez”. En este punto, ha señalado que entre “el 30 y el 40% de los vecinos han tenido contratos de alquiler”, mientras que el resto “están ocupando las casas pero nunca se han negado a pagar la renta todos los meses, incluso están dispuestos a comprar por el precio que las compró el fondo, aproximadamente 14.000 euros” cada una de ellas.

Alquiler de viviendas "inhabilitadas"

María Martín vive con su hijo en la urbanización Sol y golf de Manilva desde 2014. La mujer ha comentado que en aquel año la promotora comenzó a alquilar las viviendas a bajo coste, ya que “las casas no se vendían, entraba gente que se llevaba puertas o ventanas, y las deterioraron de tal manera que esto se quedó baldío”.

Según ha apuntado, la empres hizo inicialmente “contratos de alquiler por cinco años con opción a compra, al precio de 50 euros más 30 de comunidad para que arregláramos las viviendas”, al estar las casas “inhabilitadas porque no tenían cables de luz, grifos, faltaba un váter en una y en otras las ventanas o las puertas”. Así, fueron los propios vecinos los que “entre todos hicimos los arreglos a bajos precios” al haber albañiles, fontaneros o electricistas.

En 2016, comenta que la empresa “cambia de nombre y los contratos” por cinco años, cobrando “200 euros de alquiler y 30 de comunidad” tras restaurar las viviendas. “Nos pareció bien y no leímos la letra chica”, que incluía “posible opción a compra”. En 2023, ha señalado que la actual propietaria adquirió las fincas por “subasta”, sin poder optar a ella los vecinos, y propuso a varios dar “entre 3.000 y 4.000 euros para que entregáramos la llave” y la venta por entre los 140.000 y los 200.000 euros. Ante la negativa, ha apuntado que la mercantil solicitó al Juzgado un proceso de ejecución hipotecaria y “no quiso cobrar los alquileres porque quería desalojar las viviendas”.

Martín ha destacado que entre los vecinos hay personas vulnerables, asegurando que “hay más de 40 niños, gente con minusvalía, mayores jubiladas o personas cobrando el mínima vital", por lo que solicitan llegar a un acuerdo con la propiedad para tener un “un alquiler social” o “la venta a un precio razonable”. “No queremos estar aquí de gratis, porque durante 11 años hemos estado pagando religiosamente”, ha recalcado la mujer, incidiendo que en los vecinos están “unidos” de cara al desalojo. “De aquí no nos vamos a mover pase lo que pase, si viene la policía, no sé si se liará a palos, si nos romperán las puertas o si nos pegarán. Nos vamos a exponer a lo que pase”, ha aseverado.

El concejal de Urbanizaciones del Ayuntamiento de Manilva, Marcos Ruiz, ha explicado que las viviendas se terminaron y cuentan con “licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad”, aunque ha puntualizado que con la crisis del ladrillo de 2008 la promotora “quebró” y no se vendieron las casas, que fueron “vandalizadas”.

El edil ha señalado que “la urbanización está por terminar” y faltan infraestructuras en el sector como “calles por acerar, parques, saneamiento, iluminación o zona de aparcamiento”. Además, ha destacado que el Consistorio aprobó en 2023 una innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regularizar la situación, al hacerse “más viviendas de las permitidas”.

En cuanto a la expedición de los certificados de vulnerabilidad, ha apuntado que se han reforzado las áreas de Padrón del Ayuntamiento y Servicios Sociales, que presta la Diputación, para otorgarlos ya que ha habido un "gran retraso" porque la trabaajdora social que había "no les daba cita al no estar empadronados" y la actual sí. En total, ha apuntado que hay "33 personas con vulnerabilidad" que cumplen con los requisitos.

El Ayuntamiento solicitará en Pleno declarar la "catástrofe social"

El Ayuntamiento de Manilva celebrará el próximo jueves, a las 09:30 horas, un Pleno extraordinario en el que se presentará una moción conjunta por unanimidad de los grupos políticos, para declarar “una catástrofe social y habitacional” y pedir medidas para que se retire o haya un aplazamiento del desalojo, según ha indicado Ruiz.

Por su parte, Stop desahucios Estepona ha reclamado a las instituciones una “solución” para estos vecinos no se queden en la calle, asegurando que accedieron “de forma legal y con contrato el 90 o 95% de los casos”, según ha destacado Noemí Vinuesa, quien ha lamentado que el desalojo afectará a 432 personas, entre ellas gente “vulnerable como niños, familias monoparentales, con discapacidad física o mayores que no pueden acceder a una hipoteca ni a un alquiler”. Asimismo, ha criticado que el Ayuntamiento no ha expedido todos los certificados de vulnerabilidad.

El Sindicato de inquilinos de Málaga ha solicitado igualmente “paralizar el lanzamiento” y se faciliten medidas desde la Junta o el Ayuntamiento para que los afectados tengan una alternativa habitacional, según ha destacado Carmela Olmedo, quien ha valorado la situación de “emergencia humanitaria”.

Por su parte, la propiedad ha declinado hacer declaraciones a este periódico.