Cáritas manifestó ayer su oposición a la ley de seguridad ciudadana, ya que según la ONG "criminaliza" la pobreza, especialmente a aquellas personas en situación de exclusión social severa. Según la organización dicha norma, que entró en vigor el pasado primero de julio, incluye identificaciones policiales "disciminatorias" e infracciones "desproporcionadas" para los ciudadanos en riesgo de exclusión.

Así lo expuso la portavoz del equipo de Incidencia de Cáritas, Sonia Olea, durante un foro en el que participaron juristas, representantes políticos y miembros de diferentes ONG. Además, Olea recordó que Naciones Unidas "suspendió" a España en materia de derechos humanos por normas como esta. Por su parte, Juan Antonio Toro, titular del juzgado de instrucción número 36 de Madrid, defendió la "necesidad" de esta ley orgánica. Ya que, según Toro, cambia el procedimiento anterior, basado "sólo" en hechos. Sin embargo, ahora añade la actuación previa que da al ciudadano "la posibilidad de hacer alegaciones", añadió.

En este sentido, el diputado del grupo popular Francisco Márquez de la Rubia, defendió que la nueva ley amplía derechos y garantías constitucionales. El diputado socialista Antonio Trevín recordó el recurso de inconstitucionalidad que el PSOE presentó en contra del texto alegando que "se vuelve al modelo de la ley franquista de 1959" y tildó de "excesivas" las multas económicas ante manifestaciones públicas.

Respecto a las sanciones de hasta 30.000 euros por impedir la ejecución de desahucios ordenados por el juez, la responsable de política interior de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez,señaló que esta norma es "injusta" y va en contra de las personas "más vulnerables".