El contexto actual de situación inflacionaria viene mostrando particularmente la reducción de márgenes en el sector agroalimentario. Dicha reducción tiene esencialmente su origen en un incremento de los costes de energía, combustible, fertilizantes y otros inputs esenciales, unido a un aumento de los costes salariales (tanto salario mínimo como costes relativos a la seguridad social). Factores que afectan no sólo a la producción, sino también a toda la cadena de suministro agroalimentaria, llegando los productos al consumidor a unos precios anormalmente elevados.

Esta situación ya era una realidad incluso antes de la guerra de Ucrania (recordemos como casi un año antes prácticamente se habían incrementado los precios de la energía como nunca antes en la historia reciente del país), que simplemente ha venido a agravar algo más la escalada de precios.

Si bien las políticas macroeconómicas para atajar la inflación están siguiendo el “guión” típico de una política fiscal restrictiva, como es la subida de tipos de interés (que paralelamente incrementan los costes de los agentes de la cadena alimentaria cuando existe financiación ajena), no se está atendiendo a la otra parte del “guión” que es la reducción del gasto público. Al mismo tiempo que ocurre ésto, la presión fiscal no cesado de crecer, igual que lo han hecho los costes de personal por las políticas de trabajo en España.

En cualquier caso, se considera que el problema principal es que no se está atajando la causa principal de este período inflacionario, muy ligado a los costes energéticos, en general. Situación que, en gran medida, se produce por la dependencia del suministro de la energía del exterior y la poca iniciativa por tener una propia autosuficiencia, ya sea con energías más tradicionales como las nucleares o las hidroeléctricas (además de la ausencia de prospecciones de gas y combustibles fósiles), así como de otras como las renovables que podrían complementar enormemente al resto de fuentes de energía, simplemente con un poco de ánimo político y apertura regulatoria del mercado frente al control normativo-político del oligopolio eléctrico en nuestro país.

Sin embargo, ante este panorama y vistos los males de la dependencia exterior en sectores claves, entre los que están siempre la energía, la industria pesada y el sector agroalimentario, llama la atención que se estén proponiendo en el seno de la Unión Europea políticas eco-sostenibles como el Pacto Verde (bastante alejado de realidad económico-medioambiental de muchos sectores) o más aún que se promueva la regeneración medioambiental a cambio de suprimir la agricultura y ganadería hasta llegar a un 30% sólo de producción interna y una dependencia externa del 70%.

Esto último, a todas luces contradice hasta las propias motivaciones y orígenes de la Política Agraria Común (PAC), cuyo objetivo básico era alcanzar una producción agroalimentaria interna y de no dependencia en aras de la “seguridad alimentaria” (que se confunde muchas veces con la salubridad alimentaria), es decir asegurar el suministro de estos productos básicos a la población europea y no depender del exterior, dadas las experiencias como las dos guerras mundiales, junto a una pandemia y una crisis económica ocurridas entre guerras, que motivaron una escasez y una dependencia a elevado coste de terceros países agro-exportadores.

Parece que las nuevas generaciones de políticos europeos han olvidado muchos de esos preceptos, posiblemente al vivir una situación de bienestar como nunca en la historia y han carecido de las malas experiencias y penurias de muchos de sus antecesores. Pero, más aún, este tema resulta irracional cuando hace poco tiempo hemos salido de una pandemia (bastante más leve que la de principios del siglo XX, por cierto) y se haya puesto de manifiesto el valor estratégico que tiene el poder obtener internamente los propios alimentos para abastecer a la sociedad. ¡Inconcebible!