Ocho de los 22 acusados son de Sevilla, entre ellos tres hermanas y el marido de una de ellas. . Estafaron 50 millones de dólares con criptomonedas por todo el mundo.

El afectado reclamaba al Estado 34.000 euros tras ser encarcelado de forma preventiva en 2003.

El facultativo tenía su clínica en Marbella y los juzgados de Málaga ya han archivado el caso.

La Audiencia Nacional declara que son una “infracción grave” de la Ley de Defensa de la Competencia. . No son “meros criterios orientativos” sino “auténticos listados de precios”.

Infectó los ordenadores de entidades financieras de diferentes países desde su casa en Alicante. Controlaba las cuentas y los cajeros automáticos de forma remota, modificando el límite de disponibilidad de efectivo.

Luis Pineda y Miguel Bernard estaban acusados de extorsionar a empresas y entidades bancarias.

El alto tribunal puntualiza que no tiene cabida la relación laboral que tenga por objeto la prostitución por cuenta ajena.

El Ayuntamiento jienense interpuso un requerimiento contra la resolución de Defensa por la que se denegaba el acceso a la información pública del expediente de designación.

El fiscal pide 8 años de cárcel por integración terrorista o una pena alternativa de 6 o 4 años por adoctrinamiento.

El número de víctimas se sitúa entre 1.127 y 32.000 por el número de cuentas afectadas. El perjuicio económica está entre 41 millones de euros y más de 100 millones.