Hacían creer a interesados en adquirir suelo, principalmente extranjeros, que sobre las parcelas que compraban podían construir de forma legal. Para ello presuntamente modificaban de forma fraudulenta el Catastro a cambio de comisiones ilegales. Pero en realidad, las parcelas eran no urbanizables. La trama ha sido destapada dentro de una pieza separada del caso Arcos y, de momento, se salda con ocho detenidos y siete imputados. Los arrestados permanecen en la Comandancia de la Guardia Civil a la espera de que pasen a disposición judicial.

Por segunda vez, han sido arrestados por la Guardia Civil el exalcalde de Alcaucín y ahora edil independiente del municipio, José Manuel Martín Alba, y el que fuera jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación y aún arquitecto de esa institución adscrito a Protección Civil, José Francisco Mora. Ambos ya fueron arrestados por el caso Arcos, que en febrero de 2009 destapó una trama de corrupción político-empresarial que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable de Alcaucín. En aquel entonces, el exregidor quedó en libertad con cargos tras pasar tres meses en la cárcel de Alhaurín de la Torre y abonar una fianza de 120.000 euros; la misma que tuvo que pagar Mora para eludir la prisión. Además, ayer fueron detenidos el exsecretario municipal de esa localidad, un abogado, un promotor, dos exfuncionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga y un funcionario del Patronato de Recaudación de la Diputación.

Esta operación, que se desprende del caso Arcos, se denomina Tristán y se inició hace más de un año. A la red se le imputan siete delitos diferentes. Entre ellos cohecho, falsificación de documento público, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, estafa y blanqueo de capitales. Según el Ministerio del Interior, los funcionarios del Catastro y del Patronato, "coordinados" por un abogado "modificaban las bases de datos del Catastro con la finalidad de introducir en las mismas información falsa o cuando menos engañosa, dando de esta manera cobertura legal a la construcción de edificaciones sobre suelo no urbanizable". El letrado arrestado es Pedro Grandfils, que también ya fue detenido en la primera fase del caso Arcos. Entonces, quedó en libertad con cargos, pero sin fianza. En el caso Arcos hay 55 imputados y en Tristán, por ahora, 15. En total, 70 acusados en dos tramas de presunta corrupción urbanística en un pueblo de poco más de 2.700 habitantes.

Supuestamente, Martín Alba -entonces alcalde socialista y ahora edil de su propio partido (PITA)- facilitaba las licencias, el arquitecto las certificaba y el abogado coordinaba la red con los funcionarios del Patronato y del Catastro. "A cambio de las presuntas irregularidades de las bases de datos catastrales, varios de los funcionarios habrían recibido comisiones ilegales", aseguró ayer el Ministerio del Interior. Éstas oscilaban entre los 200 y los 300 euros.

Los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción 3 de Vélez se practicaron ayer desde primera hora de la mañana en varios puntos de la ciudad de Málaga. Guardias Civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) desplazados desde Madrid se repartieron desde poco antes de las 8:00 entre la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga, en el edificio de Hacienda; en un almacén de archivos de esta entidad, en Cristo de la Epidemia; en el Patronato de Recaudación de la Diputación, en el PTA; en el bufete del abogado arrestado y en varios domicilios de los detenidos.

Los registros rompieron la rutina de esas dependencias públicas. La segunda planta del edificio de Hacienda fue cerrada al público. Allí, sobre las 8:30, un capitán y varios guardias civiles reunieron al personal y le indicaron que dejaran los ordenadores encendidos, los cajones abiertos y las claves de acceso. Buscaban documentos y archivos informáticos de expedientes concretos. "Iban a tiro fijo", apuntó un trabajador. Los registros se prolongaron más de 10 horas y concluyeron ya al caer la tarde. En el Patronato de Recaudación, la búsqueda apuntaba a localizar expedientes como medio de prueba para imputar delitos, entre otros, contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales. Las pesquisas se centraron en cuatro auxiliares administrativos para recabar información desde 2001.

Fuentes de asociaciones ecologistas de la Axarquía alertaron ayer de que en la comarca se vienen detectando en los últimos años, coincidiendo con la etapa de adaptación de las antiguas normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), "muchas" segregaciones de fincas rústicas. También se han advertido numerosas certificaciones de edificaciones históricas que es una de las excepciones que contempla la LOUA para construir en suelo rústico. Ayer, Interior indicó que la investigación está bajo secreto de sumario y que continúa abierta, por lo que no se descartan futuras detenciones e imputaciones.