El Ayuntamiento compra pisos baratos para familias en riesgo de exclusión social

El Ayuntamiento de Málaga se convierte en inversor inmobiliario. Aprovechando la drástica caída de precios en el sector de la vivienda libre desde el inicio de la crisis, el equipo de gobierno del PP va a destinar 500.000 euros de dinero público para adquirir pisos con un fin social: destinarlos a familias que se encuentren en riesgo de exclusión social. La iniciativa, que según el alcalde, Francisco de la Torre, venía trabajándose desde hace meses, fue presentada ayer como una acción innovadora, con la que "complementar" el mecanismo que hasta la fecha viene utilizando el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) para dar respuesta a este colectivo.

El mismo se basa, fundamentalmente, en la labor que realiza el organismo municipal para localizar dentro del parque residencial público pisos sociales vacíos u ocupados de forma irregular, labor que permite, de media, conseguir del orden de cinco pisos cada mes para este fin. No obstante, no existe un listado que permita corroborar el número de familias en esta delicada situación, no sólo económica sino también social. El Consistorio abre la vía de adquisición ante la incapacidad de poner nuevos proyectos VPO en carga (dado el cierre del grifo de la financiación por parte de las entidades financieras).

La compra se hará mediante un concurso público, al que podrán presentarse tanto propietarios particulares como promotores y entidades financieras que dispongan de pisos que cumplan el perfil marcado. Los requisitos, detalló De la Torre, es que tienen que ser viviendas con un precio máximo de 50.000 euros; con un mínimo de dormitorios; con una antigüedad tope de 50 años; que sean accesibles, y que se encuentren en buen estado de conservación. Una simple consulta a un conocido portal inmobiliario, Idealista.com, permite corroborar la existencia de unos 150 inmuebles con estos precios. No obstante, como mínimo el concurso prevé una adquisición de diez pisos en 2014.

Estas cualidades sumarán en la puntuación que se haga de las propuestas que se presenten al procedimiento. Las previsiones municipales apuntan a la posibilidad de disponer de estas casas en el mes de mayo para su entrega a las familias, que son seleccionadas por un grupo de técnicos de diversas áreas. Los beneficiarios no podrán superar los 7.430 euros de ingresos anuales. Y, de acuerdo con las previsiones, deberán hacer frente a un alquiler de entre 150 y 200 euros mensuales, dependiendo de las características de los pisos.

"Desde hace meses veníamos hablando de ello y viendo la necesidad de ir en esta vía hasta que se produzca la salida de la crisis", expuso el alcalde a modo de justificación de la medida. Incluso, relacionó el paso adoptado con el actual desplome de precios en el mercado residencial. "Hay una coyuntura de precios bajos; es el momento de hacer esta política", comentó, al tiempo que señaló que la misma, "si se llevase a cabo de manera masiva", puede ser un acicate para la recuperación del sector inmobiliario.

Esta acción, que se lleva adelante a un año vista de las elecciones municipales, forma parte del denominado plan FRES (Familias en Riesgo de Exclusión Social) puesto en marcha en 2011. Desde el nacimiento del programa son 207 las familias a las que se ha encontrado acomodo residencial.

Buena parte de estas familias se han visto forzadas a abandonar las viviendas en las que estaban residiendo por no poder pagar la renta, viendo obligadas a acudir a pisos de familiares, donde habitan "en situación de hacinamiento"; o procedentes de desahucios hipotecarios o por impago de alquiler. Otros casos son los de personas mayores de 65 años que no tienen una red familiar de apoyo y que con sus pensiones no pueden afrontar los arrendamientos, y familias con miembros con discapacidad de diversa índole o víctinmas de género.

Las estadísticas municipales desvelan que el 18,3% de los adjudicatarios del plan FRES son mayores de 65 años; el 13,5%, familias numerosas; el 5,3%, familias monoparentales; el 12,1% proceden de ejecuciones hipotecarias; el 6,75% son vñictimas de violencia de género; el 20,3%, personas con movilidad reducida, y el 23,75% pertenecen al cupo general.