La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) aseguró ayer que el ayuntamiento de Alhaurín de la Torre va a eliminar una tasa obligatoria a todas las empresas que quisieran hacer obras en ese municipio y que la patronal no consideraba correcta, hasta el punto que la impugnaron en los tribunales. "Desde hoy, 24 de enero, que se publica el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en el Boletín Oficial de la Provincia, deja de ser obligatorio el pago de una tasa que tenían que abonar todas las empresas que querían ofertar una obra en este municipio. Esta tasa ha sido largamente criticada por los representantes de los constructores, llegando incluso a impugnarla judicialmente", destacó ayer la ACP en un comunicado de prensa, asegurando que "sin conseguir resultado positivo en los tribunales, no cejaron en su convencimiento de la legitimidad de la pretensión y siguieron buscando otras posibles soluciones alternativas para lograr su definitiva eliminación, y el año pasado plantearon, a través de su Confederación Nacional, una consulta a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, dependiente del Ministerio de Hacienda, que nos dio la razón".

Según la ACP, el informe de la Junta Consultiva concluye que "el establecimiento de tasas para acceder las licitaciones públicas es contrario a los principios de la legislación española en materia de contratación pública; además insiste en que la falta de acceso a la licitación vulneraría el principio de libertad de acceso a las licitaciones, el de no discriminación e igualdad de trato y la salvaguarda de la libre competencia". Subraya además que "la actividad por cuya virtud se acepta que un operador económico participe en una licitación de un contrato público no puede considerarse ni como un servicio público ni como una actividad que se refiera, acepte o beneficie de modo particular a quien manifiesta su interés por participar en la licitación". Los constructores entienden por tanto que "no cabe imponer condiciones ajenas a la normativa reguladora de la contratación pública que lastren o anulen este derecho del potencial licitador o supongan una restricción al principio general de libre concurrencia, como de hecho ocurre, en el caso de que exista la tasa por licitar".

La patronal indica que ese informe se envió en mayo de 2017 al ayuntamiento de Alhaurín y en octubre, tras no haberse producido cambio alguno, la ACP volvió a plantear un recurso administrativo a la licitación de una obra de embovedado del arroyo Blanquillo "que imponían que cada empresa tenía que abonar 743 euros para poder presentar su oferta". Finalmente el Consistorio ha eliminado la tasa.