La conciliación entre vida nocturna y descanso de los vecinos es aún una quimera. Así lo entiende al menos el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que cansado de las continuas quejas que le llegan año tras año sobre contaminación acústica, ha considerado procedente iniciar actuaciones de oficio para dar respuesta a las demandas de los andaluces que acuden a la institución por las incomodidades que genera la contaminación acústica.

La propuesta del Defensor es la siguiente: hay que regular el horario de los establecimientos hosteleros no sólo por el tipo de actividad que realizan, sino también por el sitio donde se encuentran. Según la normativa actual, a grandes rasgos, los bares tienen permiso para cerrar a las 4:00 de la madrugada y las discotecas a las 7:00, pero para el Defensor esa regulación es insuficiente. Una discoteca ubicada en un polígono industrial puede estar abierta hasta la hora que quiera si cumple con las demás garantías, entiende el Defensor, pero diferente es el caso de locales situados en zonas destinadas a uso predominantemente residencial. Según la oficina que dirige José Chamizo, el horario de cierre tiene que estar en consecuencia con la población residente con el fin de evitar las molestias sobre el vecindario.

"La aplicación del propio sentido común hace incuestionable que el mero tránsito de clientes de estos establecimientos, en los que suelen consumirse importantes cantidades de alcohol, lleva aparejada la producción de ruidos, ya sea por que se profieran gritos o cantos, ya sea por las peleas o discusiones que, en ocasiones, se producen, ya sea por el tipo de conducción que suelen emplear de los vehículos con los que acceden a estos establecemientos".

A estos efectos colaterales de la movida nocturna (intempestivas charlas y animadas aficiones fruto de la melopea, tubos de escape y demás) se refiere el Defensor en la resolución, a la que ha tenido acceso esta redacción, que ha remitido hace unas semanas a la Junta y de la que espera respuesta. Porque es la Administración autonómica y, en concreto la Consejería de Gobernación, la que tiene que hacer frente a esta "cruda realidad", considera Chamizo.

La institución expone que carece de sentido mantener un régimen normativo como el contenido en la orden de Gobernación de 25 de marzo de 2002, "porque el horario de apertura y cierre de una discoteca o de un pub puede ser el mismo, con independencia de que se ubique en pleno barrio residencial de un municipio o en una zona destinada, principalmente, a uso industrial". Fuentes de la oficina explicaron que esta propuesta no supone ninguna novedad si se atiende a la regulación de ruidos aprobada en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica, en la que la permisividad con el nivel de ruido es equivalente a la ubicación. No tiene la misma categoría una zona industrial que un barrio.

"Es posible que vecinos de una zona residencial se encuentren con la paradoja de tener que soportar el necesario trasiego de clientes de una discoteca que cierre a las siete de la mañana y que precisamente a esa hora den comienzo trabajos que se realicen en la vía pública o en edificaciones que requieran el uso de maquinaria especialmente ruidosa; con lo que de forma prácticamente inevitable, las horas de descanso de estos vecinos se verían reducidas considerablemente", detalla el Defensor en el documento.

El Defensor resalta el "ingente" porcentaje que suponen este tipo de quejas en el área de medio ambiente en los últimos años. La entrada en vigor en 2006 de la ley antibotellón supuso un leve respiro. Ahora los problemas para los vecinos proceden de los aledaños de los locales de ocio, insonorizados por dentro, pero ajenos a lo que sucede fuera.

Las incidencias se dan "en periodo nocturno, los fines de semana y en víspera de festivos", apunta.

Y es la Junta quien tiene que regularlo, porque los ayuntamientos carecen de las armas necesarias (ordenanzas) para atajar el problema, entiende el Defensor. Ya sucedió con la ley antibotellón, que supuso un avance, no definitivo según argumenta ahora, para intentar consensuar la complicada relación entre ocio nocturno y descanso vecinal. "La existencia de importantes intereses económicos en el sector y el carácter necesariamente limitado de los medios materiales y personales de los que disponen las administraciones públicas, hace que en no pocos supuestos resulte prácticamente imposible compatibilizarlos", expone.

Por ello, el Defensor urge a la Junta a modificar esta normativa en función del suelo predominante en el que se emplacen estos locales y conseguir que "se compatibilicen en mejor medida los derechos de la ciudadanía que consideramos afectados", concluye.