Andalucía

Empleo dará un impulso a los cursos de formación antes de final de año

  • La Junta invertirá algo más de 40 millones de euros en dos convocatorias que deben empezar a funcionar en el segundo semestre

La consejera de Empleo, Rocío Blanco. La consejera de Empleo, Rocío Blanco.

La consejera de Empleo, Rocío Blanco. / EP

Con la gestión de los cursos de formación todavía repartidos por los juzgados provinciales de la región, el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos pretende impulsar sus políticas activas de empleo. El Ejecutivo socialista reactivó esos demonizados cursos, que quedaron paralizados cuando la sombra de la sospecha se proyectó sobre cantidades que rondaban los 3.000 millones de euros.

Fueron cinco años de vacío en la comunidad con más parados de España y una de las regiones más azotadas por el desempleo de Andalucía. A duras penas, la convocatoria de 2017 echó a andar, con una financiación que rondaba los 60 millones de euros. La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha heredado esta tarea y los cursos de formación, tanto para parados como para ocupados, remontarán el vuelo antes de fin de año con dos convocatorias distintas.

La dirección general de Formación Profesional para el Empleo, todavía bajo control socialista, puso en marcha una convocatoria de subvenciones en abril de 2018 destinada a trabajadores ocupados con el objetivo de que mejoren su preparación. El objetivo, según explican desde el actual Ejecutivo, es que estos empleados “se adapten a los cambios continuos del mercado de trabajo, sobre todo en el ámbito de la economía digital”.

Esta convocatoria de ayudas, a la que se accede por concurrencia competitiva, cuenta con una financiación de algo mas de 20,5 millones de euros a repartir entre las 345 entidades solicitantes de las ocho provincias. Sevilla, con 4,838 millones de euros, es la provincia donde hay más entidades (99), seguido de Granada, donde 48 organizaciones se repartirán 2,296 millones de euros.

En Málaga, donde el montante supera por poco los cuatro millones de euros, son 45 las entidades que han pedido las ayudas, mientras que en Jaén son 43, con casi 1,5 millones de euros. En Córdoba hay 42 organizaciones para 1,886 millones de euros y en Almería son 35 las entidades que podrán acceder a 1,845 millones de euros. En Cádiz hay disponibles 2,788 millones de euros y 26 solicitantes, mientras que sólo siete organizaciones de Huelva pueden optar hasta 1,271 millones de euros.

El plazo de solicitud de esta convocatoria acabó en mayo del año pasado, pero sufrió un parón al que el nuevo Gobierno pretende poner fin para que los cursos, que serán presenciales, puedan echar a andar en el segundo semestre de este año. Ya se ha publicado la baremación de solicitudes en cada provincia y hay una resolución provisional. La definitiva “está próxima” a publicarse, pero debe ser fiscalizada todavía por la intervención.

En un estadio más atrasado se encuentra la segunda convocatoria prevista por la Consejería de Empleo para este año. Con una dotación de 20 millones de euros, el departamento de Rocío Blanco pretende recuperar una convocatoria que “lleva varios años sin convocarse”. Se trata de una serie de acciones de formación con compromiso de contratación para los desempleados que realicen el curso. Actualmente, la consejería controlada por Ciudadanos está enfrascada en la tramitación de la orden de la convocatoria.

La intención es fijar un requisito para las empresas que, finalmente, ofrezcan la formación por el cual deberán contratar a un 40% de los alumnos que hagan el curso. Esta contratación deberá producirse antes de que pasen tres meses desde la finalización de la acción formativa. Además, la Administración primará a los contratos indefinidos sobre los temporales.

Los cursos de formación volverán a funcionar con brío al mismo tiempo que, en el Parlamento, está en marcha la segunda comisión de investigación relacionada con un posible fraude en su gestión, la de la Faffe, y con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo trabajando todavía en la fiscalización de la gestión de los cursos que se dieron en la primera década del siglo XXI.

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