El Gobierno andaluz ha informado que en 55 casos de las 78 mujeres que acudieron al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) por la Ley del sólo sí es sí no se rebajaron las penas de los violadores y agresores sexuales, mientras que en 20 casos sí se produjo esa rebaja y tres están aún pendientes de resolución.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha expresado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la lucha contra la lacra de la violencia de género, que sólo se puede combatir con la unidad de todos. Ha recalcado que nadie va a mover al Gobierno andaluz de su objetivo de trabajar por las víctimas, frente al "ruido que escuchamos permanentemente de un lado y otro", en referencia a la actitud de algunos partidos. "Nosotros no queremos ruido, sino trabajo en defensa de las víctimas".

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes del Protocolo de coordinación de los servicios de atención a la violencia de género de la Administración de Justicia, concretamente, el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), un nuevo instrumento para reforzar la asistencia a las víctimas de violencia de género.

Este documento, que está dirigido al personal implicado en el apoyo a las víctimas, ha sido elaborado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del IAM, con la colaboración de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Según ha informado Loles Lópes, la finalidad de este protocolo es facilitar una adecuada coordinación y transmisión de la información necesaria entre los diferentes servicios con el objetivo de reducir o minimizar la revictimización de estas mujeres.

Con frecuencia, las víctimas de delitos, en este caso de violencia machista, desconocen el funcionamiento del sistema judicial en el que se introducen cuando se inicia un procedimiento, según ha añadido, apuntando que dichas circunstancias, junto a la unión o el vínculo que en ocasiones siguen manteniendo con sus agresores, pueden determinar las respuestas y actitudes que presentan las víctimas y que puede repercutir en sus declaraciones, llegando a darse situaciones de bloqueo, confusión, desbordamiento, incomprensión, motivando ello incluso desistirse de dar continuidad al procedimiento judicial.

A partir de ahora el Instituto Andaluz de la Mujer y el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía coordinarán el flujo de comunicación e información sobre la víctima. Por todo ello, el Gobierno andaluz considera necesario prestar atención a los posibles itinerarios que una mujer víctima de violencia de género debe afrontar a su paso por el sistema judicial, adecuándose a sus necesidades y características. 

El protocolo establece que para llevar a cabo dicha coordinación es fundamental contar con una figura de referencia para la víctima, que haga de enlace entre el personal participante en su proceso, tanto si la denuncia llega a judicializarse como si no, de modo que se facilite el asesoramiento y orientación acerca del sistema judicial y de la red de recursos asistenciales especializados en violencia de género. Asimismo, en función de la urgencia y riesgo para las víctimas, se diseñará un Plan de Asistencia Individualizada desde un punto de vista multidisciplinar y multisectorial, que posibilite a las víctimas salir de la situación de violencia.