La Mesa del Parlamento Andaluz ha acordado la remisión al Consejo de Gobierno de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular un sistema de renta básica para la inclusión en Andalucía, con el fin de que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración de la misma y su conformidad o no con la tramitación parlamentaria.

La iniciativa fue registrada en noviembre de 2014 en la Cámara andaluza por representantes de las organizaciones sociales y sindicales que conforman la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía y cuyo objetivo es conformar un sistema andaluz de renta básica que, por una parte, reconozca el derecho estatutario a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna, y por otra parte, elimine el riesgo de exclusión social, personal y laboral, facilitando la inclusión de quienes carezcan de recursos suficientes.

La plataforma promotora recuerda que la renta básica es un mandato recogido en el Estatuto de Autonomía y ha querido dejar claro que con esta iniciativa no se busca "solo una renta monetaria", sino la articulación de medidas que conformen un plan de inclusión, a través de la coordinación de las administraciones.

La percepción de la renta básica propuesta en la iniciativa estaría condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos, entre los que se encuentra la suscripción de un plan individualizado de inclusión En tal sentido, el plan se configura como "un instrumento personalizado que busca de la integración a través de una serie de medidas de carácter social y/o laboral".

Asimismo, se indica que el derecho a los apoyos personalizados para la inserción laboral y social, sin perjuicio de lo que disponga al respecto la normativa específica sobre empleo y servicios sociales, se prestarán a las personas preceptoras de la renta básica, a fin de prevenir su exclusión social y favorecer su incorporación al empleo e integración social.