En los últimos meses, el empresario y líder de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, hizo múltiples referencia al caso Malaya. Estaba convencido de que el fallo sería favorable y de que no pisaría la cárcel porque él es "un hombre honrado"; sólo querían manchar su imagen. Sí. Ha sido condenado, pero es una pena casi simbólica -seis meses que se pueden sustituir por algo más de 3.000 euros de multa-. Gómez, Sandokán, respira.

Malaya es el punto de inflexión en el declive de la imagen de Gómez, una hecatombe para el fenómeno Sandokán, el empresario que daba de comer a media Córdoba y que construyó un imperio de la nada. Sólo sus firmas de construcción facturaban en la época de vacas gordas hasta 58 millones de euros al año. La noticia de su detención fue un mazazo para sus negocios. Poco antes, en 2005, le habían interpuesto la multa de 24,6 millones por construir sin licencia las naves de Colecor y la Malaya fue la puntilla para el empresario.

Pero esta sentencia puede ser su gran aliado para recuperar su posición y refrendarse en su papel de víctima. El propio fallo recoge que su detención fue irregular y que estuvo en los calabozos más tiempo del permitido. Ha sido absuelto del delito de prevaricación. De lo contrario, habría perdido su sillón de concejal. Ahora, sigue como líder de la oposición en Córdoba. Su rol de político no corre peligro. En Unión Cordobesa ya están preparando el desembarco del partido en la provincia. En las pasadas elecciones municipales UCOR fue la segunda fuerza política más votada. Desde que llegó a la Corporación, Gómez ha esgrimido un discurso populista sobre las verdaderas necesidades de los cordobeses y parte del dinero del partido lo dedica a reformar pisos en los barrios de Moreras o Palmeras, según proclama él mismo.

Otro frente abierto en las guerras de Sandokán son las naves de Colecor. También aquí parece que Gómez podría levantar cabeza. La salida de Luis Planas del Gobierno andaluz y la llegada de María Jesús Serrano puede dar un giro al contencioso. El plan que legaliza las naves -aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento- tiene en contra a la administración autonómica, pero con Serrano -que es próxima al secretario provincial del PSOE, Juan Pablo Durán- la cosa puede cambiar. Quedaría pendiente la multa de 24,6 millones por construir sin licencia. Él repite una y otra vez que no la piensa pagar. El teniente de alcalde de Hacienda, José María Bellido, también ha reconocido que ve muy complicado que las arcas municipales se puedan hacer con ese dinero. No obstante, si las naves finalmente se legalizarán -el expediente está ahora en manos del TSJA- la sanción se reduciría en un 75% y Gómez sólo tendría que pagar unos seis millones de euros. Otro respiro.