Una revelación que cuestiona la competencia de la juez Mercedes Alaya para investigar el fraude de los cursos de formación. El jefe de Departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, Teodoro Montes, aseguró ayer que acudió a denunciar las irregularidades al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige Mercedes Alaya, y que desde aquí le remitieron a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que devolvió la investigación a este juzgado, en lugar de haberlo remitido al juzgado de guardia, con lo cual la investigación podía haber correspondido a cualquiera de los 20 juzgados de Instrucción que hay en Sevilla y no al de Alaya.

La sorpresa se produjo en la quinta jornada de la declaración de Teodoro Montes, cuando el funcionario se sometía a las preguntas del abogado de la Junta. El letrado le preguntó a Teodoro Montes si fue él quien se dirigió directamente se dirigió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a lo que el principal denunciante en este caso respondió que después de "seis o siete años esperando a que alguien lo oyera, llegó a la puerta de este juzgado para formular denuncia y se le indicó que lo hiciera ante la Guardia Civil".

Es decir, como nadie le había escuchado con anterioridad, Teodoro Montes se dirigió al juzgado de Mercedes Alaya, en fechas anteriores a su declaración ante la Guardia Civil (agosto de 2013) y cuando la instructora era ya de sobras conocida por la investigación de varios escándalos como el de los ERE fraudulentos o las irregularidades relacionadas con la empresa Mercasevilla.

La UCO le tomó declaración el 22 de agosto, varios días después el testigo amplió esas manifestaciones, y con fecha 13 de septiembre de 2013 esta unidad -que es la misma que ha estado interviniendo en las otras investigaciones de Alaya- remite al juzgado de Alaya el oficio con la toma de declaración del denunciante.

A partir de ahí, la juez Alaya abre unas diligencias previas e inicia la investigación del fraude de los cursos.

Esta forma de proceder iría en contra del derecho a la tutela judicial efectiva y al juez predeterminado por la ley, porque en principio el derecho español rechaza la figura del juez a la carta, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir a un determinado juez para que investigue su caso. El proceso normal consiste en que cuando un ciudadano denuncia un hecho que puede ser constitutivo de un delito ante la Policía o la Guardia Civil, estos cuerpos remitan la denuncia al juzgado de guardia de la localidad para que, a través de las normas de reparto, la investigación se distribuyera entre alguno de los 20 juzgado de instrucción que hay en Sevilla. Si no lo hizo la Guardia Civil, podría haberlo hecho la propia juez Alaya.

El artículo 24 de la Constitución española garantiza que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión" y, a continuación, añade que "todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías", entre otros derechos.

Teodoro Montes aseguró en su comparecencia que con anterioridad había presentado una denuncia que fue archivada por otro juzgado, aunque no ha especificado a qué hechos se refiere la misma.

Pero las sorprendentes revelaciones del funcionario no sólo se quedan ahí, sino que ha insistido en que además del "trato privilegiado" que la Junta de Andalucía ha otorgado a determinadas entidades que organizaban los cursos, también existe un "trato especial de ciertos órganos judiciales con la Junta de Andalucía", una nueva acusación que el testigo arroja sin aportar prueba alguna.

En su declaración, Teodoro Montes ha reconocido además que está imputado en una causa abierta en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria del Río (Sevilla) por un delito de falsedad relacionado con un curso de formación de "Supermercados Altozano MAS", donde se investigan la supuesta suplantación de identidad de personas en un curso cuanto éstas nunca habían ido al curso. En esa actividad formativa había una serie de alumnos que nunca habían participado pero su firma, DNI y apellidos aparentaban que habían asistido a la misma. Teodoro Montes dijo que aconsejó a los alumnos a que denunciaran y lamentó que "sorprendentemente" el que solucionó el problema ha acabado imputado, en alusión a él y a otro funcionario de su departamento.

De otro lado, cuando se le ha preguntado expresamente por las comisiones de hasta el 20% que, según sus declaraciones de días atrás, habrían percibido los sindicatos UGT y CCOO por transferir los cursos a empresas subcontratadas, el testigo ha vuelto a decir que fueron "bastantes" las personas de estas empresas las que le han comentado que tuvieron que pagar esas mordidas a los sindicatos.