La ausencia de un Presupuesto para España, o la posibilidad de que el actual sea prorrogado en 2017, condiciona la confección de las cuentas de las comunidades autónomas, aunque no es la primera vez que el país se enfrenta a algo similar. Ya en 2011, entre el último Gobierno de Zapatero y el primero de Rajoy, se prorrogaron los Presupuestos, pero el presidente socialista adelantó en julio dos datos sustanciales para las comunidades: el techo de gasto y la cuantía de las adelantos a cuenta. Éstas son las dos cifras que quieren conocer los gobiernos autonómicos, a las que hay que sumar el porcentaje final del déficit público que no podrán rebasar. Ante la falta de información, Andalucía y las comunidades socialistas han forzado al Ministerio de Hacienda a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en virtud de un artículo de su reglamento que obliga a la reunión si lo solicita más de un tercio de los miembros. Posiblemente, será antes de que octubre.

La Consejería de Hacienda confía en que en ese encuentro, el ministro Cristóbal Montoro facilite los datos, aunque se espera que el PP no rectificará su argumento de que no hay cifras porque no hay Presupuestos. No obstante, y si bien no habrá una información detallada, sí se espera que Montoro ofrezca algunas recomendaciones a las regiones.

En realidad, todo esto no es tan grave como el Gobierno central lo pinta ni como las comunidades autónomas socialistas lo reciben, la retórica del enfrentamiento es más poderosa ahora que Madrid presiona a las instituciones gobernadas por el PSOE para que haya investidura. El Gobierno andaluz, por ejemplo, ya tiene aprobado su techo de gasto, hay un montante total del Presupuesto, pues, aunque está condicionado a la información de Madrid. La cifra, de hecho, no es pública.

El dato básico que debe conocer la Junta es el porcentaje de déficit; es decir, el descuadre entre gastos e ingresos al que puede llegar. Gracias a la flexibilización que Bruselas concedió a España, el déficit de Andalucía podrá ser en 2017 del 0,5% en vez del 0,1% inicial. El 0,5% está aprobado por el Consejo de Ministros, pero aún no ha llegado al Congreso, por lo que la razón adelanta que el presupuesto debería acometerse con la cifra más alta, la más relajada, a la espera de que los parlamentarios den el visto bueno. La diferencia entre una y otra da un colchón de algo más de 500 millones de euros. Este va a ser uno de los últimos presupuestos de la Junta en los que haya desequilibrio (déficit), debido a la sena de consolidación fiscal impuesta por Bruselas.

Los dos datos siguientes son casi más importantes: la cuantía de los adelantos a cuenta y la liquidación de 2015. El adelanto a cuenta, que por lo general se conoce en julio, es el dinero que el Gobierno central envía a las comunidades con cargo a los ingresos que espera obtener a lo largo de 2017. Para ello, es necesario contar con una previsión de crecimiento económico, y a partir de ahí deducir la evolución de los ingresos. El Ministerio de Hacienda tiene recursos humanos de sobra para realizar la previsión, pero si no la aporta a las comunidades es para visualizar el bloqueo político y para conjurar el riesgo de equivocarse y que en un futuro los mismos gobiernos autonómicos le censuren el dato. Esto, sin embargo, suele ocurrir, por eso hay una liquidación al final del ejercicio. En 2017, por ejemplo, el Gobierno debe pagar a las autonomías una cuantiosa liquidación del año 2015, cuando calculó los ingresos por debajo de lo que, realmente, fueron, debido a la incipiente recuperación económica.

Cuando la Junta cuente con estos datos, estará en condiciones de aprobar un presupuesto ajustado a la realidad, lo que no significa que no haya comenzado a elaborarlos. La Consejería de Hacienda está en ello desde el mes de mayo, y la previsión es de aprobarlos en el Consejo de Gobierno al última semana de octubre para que entre en el Parlamento antes del inicio de noviembre, tal como indica la ley. Si se mantiene el apoyo de Ciudadanos al PSOE, el presupuesto se aprobará con las enmiendas que incluyan los naranjas antes de que concluya el año. Sin datos, la Junta no ha indicado cuánto crecerán sus cuentas, pero es posible que sea éste un presupuesto expansivo con un crecimiento de entre el 1,5% y el 3%.

Hay una fecha importante, la del 15 de octubre. Será entonces cuando España deba comunicar a la Comisión Europea cuál es su previsión de gastos e ingresos para 2017, tendría que tener la forma del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, pero todo indica que el Gobierno no podrá presentarlo. Sin embargo, más importante que esto es la cifra de techo de gatos. Algunas fuentes sostienen que el Ejecutivo, aun estando en funciones, puede aprobar un techo de gasto mediante decreto para dar cumplimiento a las exigencias de Bruselas.

En caso de que España cuente con un Gobierno antes o en 2017, el nuevo Ejecutivo podrá aprobar un Presupuesto y ajustar las entregas a cuentas con las autonomías. Eso fue lo que hizo Rajoy en 2012, a los meses de llegar a La Moncloa tras ganar las elecciones generales de diciembre de 2011.