Periodo preelectoral. Las bocas de los políticos no dejan de lanzar promesas, medidas, iniciativas... todas desparramándose en cada acto público, en cada intervención mediática.

Al día de hoy ya se vislumbra la que será una de las propuestas más repetidas: la renta básica. Si bien cada partido la denomina según su propia literatura, todos coinciden en presentarla como la última red que preserve a las personas de la exclusión total. Las comunidades autónomas tienen implementadas rentas de solidaridad que, hasta ahora, formaban esa última malla protectora de mínimos, que varía según dónde se nazca.

En Andalucía, esa ayuda se denomina Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), una prestación económica mensual cuyo objetivo es mejorar la situación de las personas más vulnerables de la sociedad. Su cuantía no es fija: cada año se calcula en función del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), siendo el mínimo el 62% de éste, e incrementándose en un 8% por cada miembro de la unidad familiar que el solicitante tenga a su cargo. Según el decreto de 1999 por el que se instauró esta medida, sólo pueden optar al IMS las familias empadronadas en la comunidad y "constituidas de forma estable" al menos un año antes de pedir la ayuda y cuyos ingresos mensuales sean inferiores a la cuantía de la prestación.

Los últimos datos publicados, referidos a 2013, en el Informe de Rentas de Inserción que elabora el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, la cuantía mínima del IMS para una persona fue de 400,9 euros al mes, lo que supone un incremento del 0,61% con respecto a los 397,67 del año anterior. Una cifra que está dentro de la media nacional, muy similar a los 425,7 de las Islas Baleares, mayor que los 300 de Murcia y muy lejos de los 662,51 del País Vasco. Además, en Andalucía, el IMS puede recibirse durante seis meses, lo que sí sitúa a la comunidad fuera de la tendencia general del país. Aragón, Cataluña, Ceuta o Melilla tienen un límite de 12 meses; el País Vasco y Cantabria de 24, mientras que Asturias y Madrid carecen de límite, al mentenerse la ayuda mientras persistan las circunstancias. En lo que respecta a las personas beneficiadas, 158.146 andaluces obtuvieron durante 2013 el Ingreso Mínimo Social, De ellas, 102.435 eran dependientes del titular de la ayuda, cuyo número total ascendió hasta 55.711. El gasto total fue de 100 millones de euros.

Aunque las comparaciones son odiosas, en ocasiones son también paradigmáticas. Tal es el caso del parangón entre el Ingreso Mínimo Social andaluz y la Renta de Garantía de Ingresos vasca. Frente a los 400 euros de la prestación mínima del IMS en esta comunidad, el País Vasco la establece en 662, una diferencia abismal cuando la prestación está destinada a unidades de más de un miembro. En el caso andaluz, durante 2013 una familia de dos miembros recibió 451,71 euros al mes, mientras que una familia similar empadronada en el País Vasco recibió 791. Si en vez de dos son tres los miembros, la cifra asciende hasta los 505,33 euros mensuales en Andalucía y a 875 euros en el País Vasco. Hay otros datos: en esta comunidad dura 6 meses, el Gobierno vasco establece 24; frente a los más de 100 millones que la Junta gastó en 2013, el Ejecutivo de Vitoria inyectó 435; y mientras que esta ayuda en Andalucía tiene una tasa de cobertura del 18,74 por cada mil habitantes, en el del País Vasco es del 62,6.

Sin embargo, en el caso vasco, las condiciones para recibir esta ayuda son más estrictas que las que plantea la Administración andaluza, que como requisito exige por lo menos estar empadronado durante al menos un año. El Lambide -el instituto vasco de empleo, responsable de la concesión ayuda- exige al menos tres de empadronamiento y residencia en la comunidad. Además, en Euskadi se exige al beneficiario que busque empleo activamente y mejore su formación, y si rechaza un puesto de trabajo adecuado, la ayuda se le retira de manera fulminante. En Andalucía, las únicas medidas que se toman son la orientación profesional, aunque sí establece líneas de trabajo en el ámbito no sólo laboral, sino socioeconómico, personal y familiar.

Establecer un perfil sociológico es siempre una tarea compleja, sin embargo los datos de la Junta ofrecen la posibilidad de intentarlo. Así, fueron más las mujeres que solicitaron el IMS durante 2013 -66,37% frente a un 33,63% de hombres -, en su mayoría, con edades comprendidas entre los 35 y los 44 años y cuyas familias constaban de 2,82 miembros de media. En un 70% procedían de provincias. Por ciudades, Sevilla está a la cabeza con 11.345 solicitudes concedidas -no así en denegadas, en las que Cádiz se lleva el primer puesto con más de 2.000-, seguida de Málaga, con 10.181 y Jaén, con 5.879.

Pero el Ingreso Mínimo de Solidaridad no está exento de crítica. Uno de los que ha levantado y endurecido su voz es Anselmo Ruiz Alonso, presidente de Cáritas-Andalucía, que se muestra más partidario de la renta básica que del IMS, una renta que, a diferencia de la actual prestación, "no dependa de criterios administrativos, sino humanos" y en cualquier caso, "más objetivos". Para Alonso, el espíritu de este tipo de medidas "no es tanto el de un salario social que dependa de las administraciones, sino una medida que ayude a las personas a recuperar su dignidad y, sobre todo, a no tener que volver a necesitarla". Además, Alonso reclama que medidas como la de una renta básica social, por la que apuesta, sean reconocidas como un "derecho subjetivo" de las personas y, por lo tanto, queden garantizadas y no al albur de las autonomías o del Gobierno.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, llamó la atención en el mes de mayo sobre el "retraso" que se estaba produciendo en los pagos mensuales de la ayuda y sobre todo en el " reconocimiento de esta ayuda". Un retraso que hoy persiste y que afecta a familias que viven en el cortante filo de la exclusión, en la frontera que separa la vida en sociedad de la existencia a su margen, que ven cómo aún la cuna importa y sufren los lacerantes retrasos de la Administración.