Los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán solicitarán al juez instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo la declaración voluntaria para dar su versión sobre su participación en los hechos investigados. De este modo, los aforados se adelantarán a la petición de suplicatorio del Supremo ante el Congreso o el Senado, que sólo se produciría en el caso de que, en el curso de la investigación, se apreciasen indicios racionales de delito. El suplicatorio es el permiso obligatorio que el Supremo debe solicitar ante las cámaras para inculpar, procesar o adoptar medidas cautelares ante los aforados. Éste es un hecho que aún no se deduce del auto emitido ayer por la Sala Segunda. Manuel Chaves explicó ayer a este periódico que es un hecho que ya preveía desde el pasado verano y que, como él, también se acogerán al artículo 118 bis del Código Penal. Por tanto el ex presidente José Antonio Griñán y los ex consejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera harán lo mismo, solicitar esta declaración al instructor, Jorge Alberto Barreiro.

Esto mismo es lo que esperaban tanto la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como la dirección federal del PSOE. Díaz declaró que solicitará el acta de diputado y senador a los aforados si resultasen imputados. El PSOE entiende que el auto de ayer no es una imputación, ya que no hay un señalamiento de delitos, sino que el Supremo se considera competente ante unos hechos que sí merecen ser investigados. En el llamado caso Matsa, de concesión de ayudas de la Junta a esta empresa minera, Chaves no tuvo ni que solicitar su declaración, ya que, a diferencia de lo ocurrido ahora, la sala archivó el asunto en su admisión.

Ninguno de los ex presidentes se encontrará con una petición de su partido para que deje las actas. Es más, fuentes cercanas a la presidenta Susana Díaz explicaron que confía en que, al menos en lo que se refiere a los dos ex presidentes, su causa se archive una vez que hayan declarado ante el juez. Eso sí, esta declaración se produciría en calidad de imputados, ya que, como garantía, acudirán con abogado. Hay un precedente de declaración voluntaria: la del ex ministro de Fomento José Blanco, acusado de tráfico de influencias en el llamado caso Campeón. Tras la declaración de Blanco, que es diputado, la sala archivó el caso, y eso que tanto el instructor como el fiscal solicitaban su procesamiento y la petición del suplicatorio.

Los aforados han valorado que la sala no asuma ninguna de las acusaciones de la instructora de los ERE, Mercedes Alaya, cierto es que tampoco las rechaza, aunque sí contraviene a la juez en que el caso se debe dividir. El Supremo se quedará con la parte relativa a estos cinco aforados, aunque no descarta que pueda llamar a otras personas no aforadas para aclarar los hechos. En el caso del resto de señalados por Alaya, los ex consejeros Antonio Ávila, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Manuel Recio, todos parlamentarios autonómicos, el Supremo los envía al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).