El Congreso ha aprobado el proyecto de ley que regula la ayuda de 420 euros a los parados que hayan agotado las prestaciones, y la amplía siete meses, por lo que la percibirán quienes se hayan quedado sin ayudas desde el 1 de enero pasado y no desde el 1 de agosto como estaba previsto inicialmente.

Así lo ha decidido la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, que actuó con competencia legislativa plena, por lo que ahora la medida pasará al Senado y se espera que pueda entrar en vigor en las próximas semanas, lo que permitirá solicitar la ayuda a aquellas personas en paro que hayan agotado la prestación por desempleo o subsidio desde la citada fecha.

Estas personas se sumarán así a las que ya solicitaron y empezaron a cobrar los 420 euros al haber agotado las prestaciones desde el 1 de agosto, fecha que fijaba el decreto ley vigente, aprobado el pasado verano por el Gobierno. Asimismo, la Comisión de Trabajo eliminó el requisito por el que la ayuda se prorrogaría otros seis meses sólo si la tasa de paro superaba el 17% de la población activa.

Todos los grupos parlamentarios votaron a favor del texto de la ponencia así como de las tres enmiendas transaccionales presentadas por el PSOE y que modificaban otras de este partido, CiU y ERC. En una de ellas se considera que el solicitante de la ayuda tendrá derecho a percibirla si la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar a la que pertenece, dividida entre los miembros, no supera el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (624 euros).

Para ello, el texto de la enmienda recoge que la unidad familiar está integrada por el solicitante y el cónyuge, además de los hijos menores de 26 años o los mayores con discapacidad o menores acogidos. No obstante, si la unidad familiar no cuenta con estos integrantes, bastará con las figuras del solicitante y sus padres, siempre que conviva con ellos.

Además, el Congreso aprobó que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda establecer convenios de colaboración con las comunidades autónomas para desarrollar las actuaciones necesarias para cumplir con este programa temporal de protección por desempleo e inserción.

Tanto CiU como ERC plantearon que esta ayuda fuera compatible con las otras de carácter social dependientes de las comunidades autónomas, es decir, las rentas o salarios de inserción, pero sus respectivas enmiendas no salieron adelante.

Entre las condiciones para optar a la ayuda, el texto mantiene la obligación de que los desempleados se encuentren inscritos en itinerarios de formación, cuya competencia pertenece a los servicios de empleo de las comunidades. Otra de las enmiendas transaccionales aprobadas se refiere a la necesidad de efectuar las resoluciones a esta prestación y los pagos correspondientes en el "menor plazo posible".

El portavoz socialista de Trabajo en el Congreso, Jesús Membrado, insistió durante su intervención en que esta medida pretende ser "ágil, clara y efectiva" y criticó a quienes denominan la ayuda como un "cheque parado" puesto que, en su opinión, se la devalúa y se pierde el respeto a los desempleados. "Haremos cualquier otra que sea necesaria", apuntó.