La negociación sobre los astilleros de Huelva y Sevilla ha llegado a un punto crítico. La Junta de Andalucía dio ayer un "último plazo" a los propietarios de Astilleros de Huelva (que poseen el 80% de las acciones de Sevilla) para que acepten el plan propuesto por la Administración e introduzcan las modificaciones, viables y serias, que quieran hacer al documento del Gobierno andaluz. De lo contrario, la Junta "actuará conforme a su criterio", esto es, buscando empresas que se instalen en las zonas navales de ambas ciudades para solventar los problemas de empleo, ya que ambas factorías dan trabajo directo e indirecto a más de 1.500 personas.

La propuesta de la Junta pasa por la creación de una nueva sociedad mercantil en Huelva, destinada a la construcción de barcos de menos de 100 toneladas y a la reparación y mantenimiento de buques. La Administración regional cuenta para este propósito con el interés de un empresario cuya identidad no ha trascendido. El proyecto se complementaría con la llegada de nuevas compañías que ayudarían a diversificar la actividad. En el caso de los astilleros de Sevilla el futuro sí estaría ligado a la construcción de grandes buques, con al menos dos inversores dispuestos a entrar en el accionariado -y un tercero en conversaciones- para levantar el mayor astillero privado de España.

Ese es el planteamiento reiterado ayer por la Junta a los propietarios de Astilleros de Huelva en la tercera reunión celebrada en tres semanas. La solución ideada por la Administración necesitaría de la aprobación de los accionistas de la compañía, que tendrían que ceder el 60% de sus derechos políticos a un administrador único nombrado con el visto bueno de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para ejecutar un plan diversificado para ambas factorías navales.

Sin esa aprobación, la Junta no podría ejecutar su hoja de ruta tal y como está actualmente planteada. La propuesta de Huelva pasa, tal y como adelantó este diario, por la cesión de la licencia de construcción naval para barcos de gran tonelaje, lo que conllevaría la obtención de ayudas de la Unión Europea por el cierre de astilleros para las indemnizaciones a trabajadores despedidos o prejubilados. Después se ampliaría un mínimo de tres meses el Expediente de Regulación Temporal de Empleo que afecta a la práctica totalidad de la plantilla (331 trabajadores) de Astilleros y sus dos auxiliares. Y en ese periodo de tiempo se procedería a la liquidación de la empresa actual, que presenta según las cifras de la Administración una deuda de 214 millones de euros, y se crearía una nueva, que sería la encargada de continuar con la actividad. Según fuentes de la negociación, la Junta ya cuenta con un empresario interesado en participar en esta nueva etapa siempre y cuando cree una nueva sociedad después de que se liquide la actual. Con esa nueva compañía de fabricación de pequeños barcos, reparación y mantenimiento, junto al impulso a la instalación de otras empresas, la Administración autonómica espera mantener el empleo.

La empresa apuesta, por el contrario, por vender Astilleros de Sevilla para reflotar Huelva, un acuerdo con acreedores para la quita de alrededor de un 50% de la deuda de 214 millones que tiene en la actualidad (el principal de ellos sería la Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión, en la que participa la Junta) y un préstamo participativo, cuestiones que la Administración ve inviables.

En el caso de la atarazana hispalense, se propone una ampliación de capital en la que entrarían al menos dos nuevos accionistas que se harían con el control de la compañía. Ésta también se encuentra en una situación difícil, aunque menos que la empresa en Huelva, con un pasivo mayor que el activo (la deuda está calculada en 95 millones de euros según las cifras de la Junta). A los propietarios actuales se les ofrece la posibilidad de valorar la compañía antes de la ampliación de capital para después mantener una participación en la nueva empresa.