El día después del 26-M será el día en que empezará a conformarse el futuro de Málaga. El inmediato, que se asoma a la vuelta de la esquina y que tendrá fecha de caducidad en 2023. Queda por ver en manos de quién o quiénes queda el diseño de esa realidad. A la espera de conocer el designio de las urnas y sea quien sea el que esté al frente de la Casona del Parque es segura la existencia de una relación de asuntos de ciudad que superan la frontera del mandato ya concluido y toman de lleno el periodo ejecutivo entrante.

Limasa, los antiguos suelos de Repsol, la apuesta por contar con una universidad privada, el parque en el campamento Benítez, la operación puerto-ciudad, la torre del dique de Levante, el Metro, el Guadalmedina, el Auditorio, el Astoria... No son pocos los temas pendientes de desarrollo y culminación cuyo devenir queda sensiblemente condicionado a conocer el nombre del alcalde o la alcaldesa y, en buena medida, a las alianzas necesarias para garantizar la gobernabilidad del Consistorio.

Y esta circunstancia, salvo sorpresa, permite atisbar soluciones relativamente consensuadas a la apuesta municipal, validada por el Pleno hace apenas unas semanas, por gestionar el servicio de limpieza y recogida pública desde Limasa. Arrancado el procedimiento necesario para la constitución de la nueva Limasa y ya firmado un acuerdo laboral que garantizará la paz social en los próximos años, la mayoría de los grupos con representación municipal han defendido hasta la fecha el modelo público, a excepción de Ciudadanos.

Sin embargo, esta certeza puede sufrir alteraciones en función de lo que ocurra en los comicios y del peso que los votantes den, por ejemplo, a la formación naranja y a Vox, organización que opta por la privatización y por partir el servicio por labores (recogida, limpieza viaria...) o por zonas de la ciudad. Dos actores que, llegado el momento, pueden ser estratégicos en un futuro gobierno.

Los equilibrios que se requerirán para generar estabilidad en la Corporación próxima será igualmente trascendente en la operación de los antiguos suelos de Repsol. La coincidencia de los grupos de izquierda en la reserva total de los terrenos para la construcción de un "bosque urbano" (denominación usada por Málaga Ahora y Adelante Málaga) o un "parque central" (según el PSOE) se confronta al modelo intermedio de Ciudadanos, favorable a respetar al menos la edificabilidad que le corresponde al banco malo, la Sareb, como copropietario del mismo (una torre para unas 400 viviendas), y, fundamentalmente con el plan diseñado por el alcalde y candidato a la reelección por el PP, Francisco de la Torre.

El programa de los populares, en la línea de lo ya anunciado meses atrás, recoge de manera explícita la idea de reservar 130.000 metros cuadrados de los terrenos a zona verde, modificando el destino de la mayor parte del aprovechamiento lucrativo autorizado por el planeamiento. De hecho, el objetivo pasa por respetar las 400 VPO previstas pero por convertir a oficinas y uso hotelero buena parte del resto. En concreto, se habla del "nuevo distrito empresarial", incluyendo en el eje Repsol y el entorno de San Rafael.

La alianza PP-PSOE-Cs en torno a la construcción del hotel de 150 metros de altura en los suelos ganados tras la ejecución del dique de levante en el puerto de la capital tampoco hace prever agitación alguna en torno a esta edificación. Queda la duda surgida por el mensaje del candidato socialista, Daniel Pérez, quien se abre a promover una consulta ciudadana para decidir si es o no el emplazamiento adecuado para este proyecto. El hotel está promovido por la Autoridad Portuaria y por un grupo de inversión catarí.

Frente a esta posición de unidad, De la Torre, en caso de mantenerse al frente de la Casona pero en minoría, se va a encontrar, a priori, con la negativa de buena parte del resto de grupos a ir adelante con la concesión a la Universidad Católica de Murcia (UCAM) de los terrenos necesarios para su asentamiento. En la parte final del mandato, quedó claro el rechazo de todos los grupos, salvo el PP, a esta iniciativa.

Otro de los temas encauzados en los meses pasados pero que también está pendiente de quedar resuelto es el de la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria. Si bien aún se mantienen en pie, previsiblemente en las próximas semanas deberá arrancar la labor de demolición de los inmuebles, allanando el camino al desarrollo de las excavaciones arqueológicas sobre el terreno.

Del resultado de las mismas dependerá en buena medida que pueda ver la luz el proyecto privado que ya está puesto sobre la mesa, que incorpora como principal elemento un auditorio subterráneo (dos plantas bajo tierra) con capacidad para unas 1.200 personas. Una novedad a tomar en consideración es la posición anunciada por Cs de defender la ampliación de la Plaza de la Merced y hacer visibles los restos que se encuentren, tesis que tocaría de lleno la iniciativa de los actuales gestores de levantar un edificio de nuevo cuño.

Más allá de las cuestiones de estricta competencia municipal, el futuro gobierno local tendrá que encauzar los procesos de diálogos necesarios con otras administraciones, caso de la Junta de Andalucía y el Gobierno central para sentar las bases, por ejemplo, del Auditorio en los terrenos de El Bulto, o de la actuación sobre el Guadalmedina.

En el primero de los casos, parece favorable la posición de ambas instituciones a avanzar en el diálogo que permita impulsar este equipamiento, si bien existen discrepancias respecto al volumen de la inversión a contemplar. En el caso del río, los nuevos responsables autonómicos abren las puertas a una vía de acción más amplia, aunque cualquier paso dependerá de la idea de quien esté al frente del Ayuntamiento. Poco o nada tiene que ver el modelo de e Vox, que viene a coincidir con el primer plan de Celia Villalobos (espacio para llevar el Metro, entre otros usos); al de los puentes plaza de De la Torre, o el parque fluvial de Adelante Málaga.

El Metro volverá a marcar seriamente la agenda del mandato municipal. No sólo por la terminación de las obras ya iniciadas, que deberían estar completadas antes de finales de 2020, si no por la necesidad o no de afrontar nuevas extensiones de las líneas ya existentes. Si bien la llegada de PP al Gobierno andaluz ha transformado el tenso clima de relación con el Ayuntamiento, la realidad es que un hipotético cambio de actor al frente de la Casona del Parque podría alterar esta situación.

Lejos de la aceptación con la que De la Torre acepta ahora las determinaciones autonómicas, como no llevar el Metro soterrado hasta el entorno del Civil (fue incluido en su programa electoral de hace cuatro años), otras formaciones, como el PSOE, mantienen la necesidad de ir adelante con la prolongación hacia la zona norte.