La Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya la identificación de los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que desde la noche anterior al supuesto chivatazo a la red de extorsión de ETA en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), que se produjo el 4 de mayo de 2006, hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en la causa, junto a un inspector de la Brigada de Información de Álava.

En un escrito remitido ayer al juez Pablo Ruz, que investiga la causa, el fiscal Carlos Bautista asegura que "no se opone" a la identificación de los usuarios, reclamada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), aunque añade que "el equipo investigador no ha considerado relevantes para la averiguación de los hechos las llamadas recibidas y/o efectuadas por y desde esos teléfonos, hasta el punto de no mentarlas en su informe de imputaciones".

El PP, a través de su diputado Ignacio Gil-Lázaro, va a seguir pidiendo explicaciones al vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en las sucesivas sesiones plenarias pese a las "patéticas risotadas" que el Grupo Socialista protagonizó el miércoles en el Congreso cuando planteaba al ministro del Interior una nueva cuestión en este sentido. "Que se ahorren sus risotadas porque operan en su contra", advirtió Gil Lázaro.

El lehendakari, Patxi López, mostró ayer su respeto a las decisiones judiciales pero advirtió que "da igual lo que haga Rubalcaba" porque el PP "lo va a atacar siempre por todo y para todo".