La Audiencia Nacional acogerá el próximo jueves la vista de extradición del ex inspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, reclamado por Argentina por torturas en el franquismo, entrega a la que se opone la Fiscalía al considerar que estos hechos estarían prescritos y se pueden investigar en España.

La semana pasada, la Audiencia Nacional acogió otra vista de extradición dentro de la misma querella planteada en Argentina por víctimas de la dictadura franquista, en esa ocasión la del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas, que se opuso a ser entregado.

En la vista del capitán Muñecas, el fiscal Pedro Martínez Torrijos, el mismo que acudirá a la de Billy el Niño, también se negó a que se le extraditara porque considera que los hechos están prescritos, pero alentó al Gobierno argentino a presentar una denuncia en el juzgado de Zarauz, donde supuestamente el ex guardia civil cometió torturas en los años 60 del siglo pasado.

En la vista de Billy el Niño, el fiscal mantendrá la misma postura, según fuentes jurídicas, que ya anunció en un escrito que se opondría a la extradición del ex inspector. En el informe, el fiscal afirmó que los hechos por los que se le reclama -torturas a 13 personas durante el tiempo en que estuvieron detenidas entre 1968 y 1975- estarían prescritos y, en todo caso, serían competencia de la justicia española y no de la Argentina.

Martínez Torrijos defendía en su escrito la preferencia de la jurisdicción del Estado donde se cometieron los hechos para evitar una duplicidad de procesos. "Los tribunales españoles son competentes para el conocimiento de los hechos, al tratarse de hechos cometidos en territorio español, por ciudadanos españoles y las víctimas son nacionales españoles", afirmaba.

No obstante, señalaba que de acuerdo al Código Penal español de 1973, aplicable en el momento de las presuntas torturas, los hechos estarían prescritos "con creces" por haber pasado más de diez años.

El juez Pablo Ruz impuso a Billy el Niño, así como al capitán Muñecas, comparecencias semanales, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte.