Roberto Pareja

ace ya más de un año, en diciembre de 2011, que Zarzuela apartó al duque de Palma de los actos oficiales. El caso Nóos se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para la Familia Real y las imágenes de Iñaki Urdangarín camino del juzgado el 25 de febrero de 2012 para encerrarse horas y horas (22) con el instructor, José Castro, avivaron las llamas de ese desprestigio de  la Monarquía quintaesenciado en la cacería de elefantes en Botswana. La investigación ha acreditado que el Instituto Nóos recibió casi seis millones de euros de los gobiernos que presidían Francisco Camps y Jaume Matas (otro renglón torcido de esta crónica de la corrupción) y que una parte de ese dinero se desvió a través de una trama empresarial de sociedades vinculadas a Urdangarín y a su ex socio, Diego Torres. Este año podría llegar la foto de ambos en el banquillo.

El ex presidente balear Jaume Matas, imputado en una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP, fue condenado en marzo a seis años de prisión en el primer juicio del caso Palma Arena (tiene hasta 25 piezas separadas) por pagar con fondos públicos al periodista que le preparaba los discursos al tiempo que  ensalzaba su gestión.

Es el cuarto presidente autonómico condenado, tras los socialistas Gabriel Urralburu (Navara), José Marco (Aragón) y el popular Juan Hormaechea (Cantabria). En esta triste nómina de la trapacería al erario público aparecen también ex presidentes de parlamentos autonómicos como María Antonia Munar (otra vez Baleares), y empresarios, como Gerardo Díaz Ferrán. El ex presidente de la CEOE fue detenido en diciembre de 2012 por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Otro nombre propio que también encaja en este espacio es el de Carlos Dívar, máxima autoridad judicial del Estado hasta que presentó su dimisión el 21 de junio por cargar 28.000 euros al erario público por 30 viajes durante los llamados fines de semana caribeños.

Más de 300 políticos españoles despidieron 2012 imputados por causas relacionadas con la corrupción, llevándose la palma por comunidades Valencia y Baleares, seguidas de Cataluña y Galicia. El alcalde de Santiago de Compostela, Gerardo Roa, dejó el cargo tras no declarar 291.000 euros en concepto de IVA de la venta de unas viviendas de su promotora. La corrupción también repiqueteó sobre el Partido Socialista de Cataluña, cuyo secretario de Organización, Daniel Fernández, renunció al cargo en noviembre acusado de tráfico de influencias en una trama de pago de comisiones que se llevó por delante al alcalde de Sabadell. Todos estos avatares han hecho de la corrupción el cuarto problema para los españoles tras los del paro, la situación económica y los políticos.

El pacto entre acusaciones y defensas del caso Pallerols (el desvío a Unió de 385.000 euros de subvenciones públicas para desempleados) que permite esquivar la cárcel a los cuatro altos cargos condenados engordó más el cochino.

Otra bomba informativa estalló cuando la opinión pública era de nuevo torturada con la noticia de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz había detectado que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas llegó a ocultar hasta 22 millones en Suiza. El abogado del ex dirigente popular puso al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la picota al asegurar que Bárcenas regularizó 10 millones aprovechando la amnistía fiscal.

Para colmo, su entorno sacó a la luz los sobres con  sobresueldos que se repartió parte de la cúpula de Génova durante casi dos décadas, golpe al que Rajoy replicó ordenando una auditoría externa de las cuentas y postulando un gran pacto contra la corrupción.