La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado las peticiones de pena para los 33 procesados que se han quedado en el procedimiento del caso Arcos contra la corrupción urbanística en Alcaucín. De los 48 acusados iniciales al final solo ha acusado a 33 y ha pedido cárcel efectiva para nueve de ellos, a los que considera máximos responsables de la trama de corrupción política-urbanística, según han informado a Efe fuentes judiciales.

El fiscal ha solicitado para el exarquitecto de la Diputación de Málaga José Mora una condena de trece años de prisión; para el exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba doce años, y para el asesor Pedro Grandsfill once años y medio de cárcel. A los principales acusados se les acusa de delitos continuados de falsedad, prevaricación, estafa, prevaricación urbanística y cohecho.

A los constructores en su mayoría se les ha retirado el cargo de cohecho y para veinticuatro acusados la fiscalía solicita menos de dos años de cárcel y, en muchos casos, directamente, la suspensión de la condena de prisión. La fiscalía presentará en sala las conclusiones el próximo lunes pero las ha adelantado para que las defensas puedan preparar sus defensas y alegatos.

El ministerio público mantiene que el alcalde "omitió adrede trámites de carácter esencial" lo que permitió que un amigo obtuviera un beneficio injustificado con el consiguiente perjuicio par el ayuntamiento. Respecto al exarquitecto de la Diputación se le acusa de simular la concesión de licencias de obras para que los promotores no desistieran de sus proyectos El juicio comenzó el 7 de noviembre del 2016, se han celebrado medio centenar de sesiones y el exalcalde de Alcaucín ha comprobado como de una petición de pena de más de 226 años de prisión ahora el fiscal, en las conclusiones finales, le pide a 12 años. En el transcurso del procedimiento se ha extinguido la responsabilidad de varias personas que han fallecido y para otros dos los delitos han prescrito. Al inicio del juicio ocho acusados llegaron a un acuerdo con Anticorrupción y reconocieron los hechos por los que venían siendo acusados. La Fiscalía en las conclusiones iniciales acusaba al exalcalde -que dejó el PSOE tras su detención en la causa- de los delitos de fraude, malversación, falsedad, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias. El procedimiento denominado Arcos se centró en varias tramas de corrupción urbanística que durante la última década operaron en Alcaucín, y dio lugar a la imputación de más de 70 personas.