Málaga

Aplazan el juicio del caso Hidalgo para estudiar nuevas pruebas

  • La vista oral sobre el blanqueo de capitales y delitos fiscales se iniciará la próxima semana

Un momento, ayer, del arranque de la vista. Un momento, ayer, del arranque de la vista.

Un momento, ayer, del arranque de la vista. / carlos díaz / efe

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha aplazado hasta la próxima semana el comienzo del juicio previsto ayer por el denominado caso Hidalgo, sobre el blanqueo de capitales y delitos fiscales en torno a un despacho de abogados ubicado en la localidad malagueña de Marbella, para estudiar una nueva documentación aportada por las defensas.

Así, en la primera sesión, las acusaciones -Fiscalía Anticorrupción y Abogacía del Estado-, pidieron la suspensión del juicio ya que una de las defensas ha presentado hace pocos días nuevos documentos que deben ser analizados. Los letrados de los otros acusados no se opusieron a este aplazamiento, salvo uno. El Tribunal acordó aplazar el comienzo del juicio por el momento hasta la próxima semana, en concreto el martes día 17 de abril, para garantizar el derecho de las partes y a pesar del "trastorno" que supone para la Sala y de que ya han pasado once años desde que comenzó la investigación. Además, otras defensas han presentado también nueva documentación en la sesión de ayer.

Inicialmente, la Sala había fijado 56 sesiones distribuidas a lo largo de nueve meses, con la previsión de que la vista oral termine en enero del próximo año 2019. La Fiscalía acusó a 14 personas, aunque finalmente serán 12 los procesados que serán juzgados, ya que dos de ellos se encuentran enfermos. Además, en la causa, hay responsables civiles. El Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella fue el que se encargó de investigar el caso, cuyas primeras detenciones se produjeron en abril de 2007. Los dos principales investigados inicialmente, que eran el responsable del despacho de abogados, Rafael Cruz-Conde, y un empresario de origen iraquí, fallecieron durante la instrucción.

La Fiscalía Anticorrupción achaca a los acusados delitos contra la Hacienda Pública de distintos ejercicios, en algún caso desde 2001; y blanqueo, según su escrito provisional.

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