El ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos, acusado en el caso Astapa, sobre la presunta corrupción urbanística y política en dicha localidad, ha asegurado que su actuación "siempre se desarrolló con el respeto a la legalidad" y ha apelado a la presunción de inocencia.

"Cuando he tenido conocimiento de cualquier presunta ilegalidad me he dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, cosa que hice en una decena de ocasiones, denunciando a funcionarios del departamento de Urbanismo o del Área Económica", ha manifestado el ex regidor, que entonces era miembro del PSOE.

A través de un comunicado, remitido a Europa Press, Barrientos ha considerado "incomprensible, en términos estrictos de defensa, que en la fase de instrucción no se hayan autorizado determinadas pruebas, que hubieran servido para el esclarecimiento de los hechos".

Así, entre esas pruebas se ha referido a un careo en sede judicial entre los peritos que han realizado las valoraciones de los convenios investigados y que hablan de un perjuicio económico para Ayuntamiento "y las valoraciones presentadas por nuestros peritos que defienden todo lo contrario, que dichos convenios fueron muy beneficiosos para el pueblo de Estepona".

En este sentido, ha indicado que "solo han permitido un careo y consecuencia de ello un convenio que era lesivo para el Ayuntamiento en mas de tres millones de euros pasó a ser un buen convenio para el Consistorio".

El ex regidor ha recordado que todavía "no se ha celebrado juicio", apelando a que "se respete la presunción de inocencia". "Estoy convencido de que no defraudaré a todos los que me conocen y han confiado y que algunos se tendrán que lavar la boca con lejía para quitarse todas las indecencias que han manifestado", ha dicho.

Así, ha lamentado que "no se respete un pilar básico de un Estado democrático y de derecho, la presunción de inocencia", apuntando que ha leído "autenticas barbaridades y juicios de valor, entre ellos de 60 personas que han sido desimputadas recientemente, como la inmensa mayoría de los que eran concejales del grupo socialista, que decían habían cometido todo tipo de tropelías, y cargos relevantes de urbanismo y familiares míos".

Barrientos ha considerado "lamentable que tras mas de once años del inicio del proceso, noviembre de 2006, declarara por primera vez cuando habían transcurrido más de diez años, en diciembre de 2016" e "indignante" la forma de enterarse del escrito de acusación del fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Barrientos 10 años y 9 meses de prisión, multa de un millón de euros e inhabilitación para empleo público durante 38 años. Le acusa de los delitos de falsedad, fraude y malversación -que van en concurso-; cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, todos con carácter continuado.

Además del exregidor, están acusados otras 50 personas, entre ellas cinco exresponsables municipales, entonces miembros del PSOE y del Partido de Estepona (PES), en coalición entonces en el Gobierno local; así como empresarios y empleados municipales.