NO parece extraño que en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas siga subiendo como la espuma la preocupación de los ciudadanos por la actuación de la clase política, que ya ocupa el tercer lugar en el ranking de los problemas que más llaman la atención de los españoles. En los últimos tiempos, ciñéndonos a la provincia de Málaga, el único camino que parece marcado para ejercer el considerado arte de lo posible es el de la bronca política, lo que debe provocar distintas sensaciones al ciudadano de a pie, seguro que ninguna positiva, y que en cualquier caso contribuirá a incrementar la sensación de confusión que impera en estos tiempos difíciles.

No se ha dado por terminado el agrio debate sobre el Corredor Ferroviario del Mediterráneo, en el que al margen de que se hayan pronunciado muchos legos y pocos expertos en la materia, lo único importante parecía que era machacar la postura del contrario, cuando ya estamos sumidos en una nueva polémica originada ayer mismo tras la presentación de las cuentas para 2012 de la Junta de Andalucía. Lo cierto es que debió ser todo un papelón para el consejero Paulino Plata, encargado de hacer públicos los presupuestos para Málaga, explicar las cuentas andaluzas para el próximo ejercicio cuando, por primera vez, no existen cifras provincializadas. Una decisión motivada, según explicó, para tratar de conseguir una mayor ejecución de lo consignado. Que por otra parte, se desconoce.

Le faltó tiempo al presidente del PP, Elías Bendodo, para asegurar que esta decisión del Ejecutivo andaluz de hacer invisibles los presupuestos es una muestra más de que no tiene nada que ofrecer y de su afán ocultista. Aunque en esta ocasión estuvo más duro el coordinador provincial de Izquierda Unida, José Antonio Castro, que en una primera valoración calificó las cuentas de la Junta para Málaga de engañosas y tramposas, ya que en su opinión no se provincializan para no comprometerlas.

Pero esta no fue la única bronca política del puente festivo, ya que desde las filas socialistas se empezaron a divisar los nubarrones de otra que, previsiblemente, descargará mañana durante la celebración del Pleno de la Diputación. Los responsables del PSOE en el organismo provincial eligieron un tema de máxima sensibilidad para demostrar los recortes que persiguen los populares en materia de políticas sociales. El diputado Francisco Conejo denunció que el Pleno del miércoles aprobará la suspensión de 5 convenios que significarán la eliminación de 71 plazas de atención para personas mayores y personas con discapacidad mental. "La poda ha comenzado por la atención especializada de centros y residencias, por las personas más vulnerables. Este es el plan de austeridad del Partido Popular", dijo el responsable del PSOE encendiendo la mecha de la que se augura como una nueva polémica.

Pero esto no fue todo. La jornada tuvo espacio para agitar otra bronca que suele ser compañera de viaje de las campañas electorales de los últimas tres décadas y en la que unos y otros no están exentos de responsabilidad, ya que los dos grandes partidos han permanecido durante años al frente de diferentes administraciones públicas. Ayer el PP sacó de nuevo la bandera de los incumplimientos en materia de depuración de aguas en la provincia de Málaga y a través de la parlamentaria Ana Rico volvió a denunciar la existencia de 59 municipios que todavía no depuran sus aguas y los problemas en diferentes depuradoras. Y no se olvidó del canon sobre el servicio de agua, implantado por la legislación andaluza, para preguntarse por el destino de los ocho millones de euros que se llevan recaudados en Málaga, según sus datos.