LA política económica anunciada por el nuevo presidente del Gobierno en su discurso de investidura, convincente para la mayoría de los analistas, recoge algunas de las demandas de las organizaciones empresariales desde que se agravó la crisis económica como las propuestas por la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) en sus distintos documentos y declaraciones públicas.

Hay tres hitos que marcarán la acción de Gobierno de los próximos meses. El 30 de diciembre se aprobó por el Consejo de Ministros un decreto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y en éste ya se concretan los sueldos de los funcionarios, la subida de las pensiones y también recortes en las cuentas de los ministerios y empresas públicas. La segunda estación, en este mismo mes de enero, es una Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que desarrollará la reforma de la Constitución aprobada en mayo. Y la tercera gran referencia llegará el 31 de marzo próximo -cuando ya se conocerá el déficit público al que se enfrenta el Estado- con los Presupuestos para este ejercicio. El gran objetivo es ahorrar 16.500 millones de euros -si no se descubren desfases mayores entre ingresos y gastos- en el año en curso, reduciendo el déficit público al 4,4% del PIB, cumpliendo así sus compromisos con Bruselas, lo que es a todas luces necesario en opinión de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para sanear el mismo Estado. Cabe destacar la importancia de algunas de las medidas anunciadas por el presidente Rajoy, como la compensación automática de deudas con las Administraciones Públicas, por parte de pymes y autónomos, y la modificación del IVA para que sólo se abone tras cobrar la factura correspondiente, asunto éste que ha reiterado CEM.

El Gobierno está dispuesto, asimismo, a reformar la estructura y contenidos de la negociación colectiva -labor en la que están empeñados CEOE y los sindicatos UGT y CCOO- con el objetivo de que se negocie cada materia en el ámbito territorial o sectorial que asegure la optimización de la competitividad. Pero, sin duda, es en el ámbito del empleo en el que la mayoría de los ciudadanos tiene puestas sus mayores esperanzas, dadas las abultadas cifras de paro, superiores a los 5 millones de españoles. El refuerzo de los mecanismos de control y prevención del absentismo laboral injustificado, el impulso de un Plan de Empleo Juvenil -se garantizará una bonificación del 100 por 100 a las cotizaciones a la Seguridad Social durante el primer año de contratación de jóvenes menores de 30 años que accedan al primer empleo-, son algunas de las decisiones que se adelantan. También en el ámbito fiscal el Gobierno plantea introducir cambios, como la eliminación de las limitaciones para aplicar el tipo del 20% a las empresas con cifra de negocios inferior a 5 millones de euros, y se ampliará hasta los 12 millones de euros la cifra de negocios para aplicar el régimen especial para empresas de reducida dimensión, aumentándose hasta 500.000 euros la base para el tipo reducido del 25 por ciento.

La CEM también ha solicitado en numerosas ocasiones que se reordene y limite drásticamente el elevado número de organismos autónomos, agencias y otras entidades públicas, propuesta que ahora se recoge en el contexto de las políticas relacionadas con la Administración. Pero la CEM también ha insistido en que no sólo las materias estrictamente económicas interesan al empresariado, sino que hay otras que por su carácter transversal tienen un hondo calado en el mundo empresarial, como son los necesarios cambios que hay que aplicar en la educación; en concreto el presidente dijo: "Para que la economía española gane competitividad frente al exterior, una de las piezas clave es la capacitación y cualificación del mejor de los recursos que tenemos en nuestro país para crear riqueza: nuestro capital humano".