El Ayuntamiento de Málaga trata de endurecer su mensaje ante los empresarios hosteleros que incumplen de manera reiterada los límites de ocupación de la vía pública. Tras ampliar de manera evidente la vigilancia y el control sobre los excesos en las terrazas, como demuestra la apertura en el primer trimestre del año 255 decretos de retirada, ahora da una vuelta de tuerca en su discursos y esta misma semana tiene previsto remitir órdenes de suspensión de las autorizaciones concedidas a tres establecimientos del Centro histórico.

Fuentes municipales confirmaron que este es el siguiente paso que tiene intención de dar el departamento dirigido por Elisa Pérez de Siles, aunque eludieron precisar los nombres de los establecimientos que están en el punto de mira. Sí confirmaron que se trata de negocios que de manera reiterada han hecho caso omiso de la ordenanza municipal, en especial en lo relativo al exceso de metros cuadrados que tienen permitidos para la instalación de mesas y sillas.

Y por ello, desde el punto de vista del departamento, las infracciones alcanzan ya la consideración de "muy graves", lo que abre la puerta, según el apartado sancionador, a la imposición de multas de 1.501 euros a 3.000 euros, "pudiendo además dejarse sin efecto la autorización". En estos tres casos, según las fuentes consultadas, lo que está manejando el área es alargar esa suspensión por un periodo de tres meses.

El régimen sancionador de la ordenanza fija multas de entre 1.501 y 3.000 euros y la suspensión de las autorizaciones

De acuerdo con la normativa vigente, se engloban dentro de las infracciones muy graves aquellas que se impongan por la ocupación de la vía pública sin autorización; por la ocupación una vez terminado el plazo o el horario autorizado para su instalación; por la reiteración en la comisión de cualquier falta grave en un año, o por mantener la instalación una vez anulada o no renovada la autorización, o después de haber renunciado a la misma.

El matiz, según las fuentes, es que la efectividad de la medida no será inmediata, en tanto en cuanto que los servicios jurídicos del área subrayan la necesidad de garantizar a los empresarios afectados la posibilidad de presentar alegaciones y fijar un periodo de audiencia. En el supuesto de que se complete todo el procedimiento reglado, es probable que las mencionadas suspensiones no entrasen en vigor hasta el próximo mes de junio.

A esta primera vía de acción abierta se añade la posibilidad de que en las próximas semanas se activen otras iniciativas de mayor contundencia, que podría incluir la retirada efectiva de mesas y sillas en aquellos negocios que se compruebe la ausencia de autorización alguna.