Un mes. Ese es el plazo del que dispone el concesionario de la piscina municipal de Campanillas para derribar parte de las obras que ejecutó sin licencia en el citado equipamiento. Así le fue comunicado a mediados de esta semana por parte de la Gerencia de Urbanismo, que adopta una decisión sobre un expediente que se remonta al año 2004. El presunto infractor, sobre el que se propuso una sanción económica de hasta 250.000 euros, que previsiblemente será rebajada, tendrá que actuar demoliendo la mayor parte del restaurante y el gimnasio que construyó sin permiso para ello, según informó a este periódico la jefa del departamento de Disciplina Urbanística, Teresa Domingo.

"En esa resolución se le dice qué tiene que demoler y aquello que puede legalizar", expuso Domingo, quien precisó que ello ha sido posible tras realizar un levantamiento topográfico por parte de Proyectos y Obras y un informe de Patrimonio en el que se determina el ámbito de la concesión que corresponde al promotor. Conforme a estos documentos, el concesionario de la piscina tendrá que derruir unos 350 metros cuadrados edificados.

La medida de Urbanismo fue valorada por el concejal de Campanillas, José Hazañas. "Estoy encantado con que de una vez esto se dé solución a este asunto y quede zanjado, sobre todo por tranquilidad mía y del concesionario, para que deje de estar en el punto de mira", comentó el edil del PP. "Será algo doloso, pero las cosas son así, porque cuando se actúa fuera de un orden hay una responsabilidad", añadió, en clara alusión al empresario infractor. Respecto al momento en que se llevará a cabo la demolición, Hazañas dijo haber conversado de ello con el empresario, que le habría expuesto su intención de actuar tras la Feria.

Desde la Gerencia de Urbanismo, precisamente, destacaron la buena disposición del concesionaria a actuar conforme a lo fijado en la resolución. No obstante, la responsable del departamento de Disciplina Urbanística apuntó que parte de lo ejecutado sin licencia si puede ser legalizado. Para ello, deberá presentarse un proyecto en tal sentido en un plazo de dos meses, dijo Domingo, que confirmó las dificultades que tendrá dado el periodo vacacional de los colegios de Arquitectos y Aparejadores. En relación a la parte que podrá legalizarse, aludió a la cubrición de la piscina, la zona de vestuarios y aseos y otra parte de la edificación realizada.

En relación a la sanción que se le impondrá al empresario, admitió que "será distinta a la que se le impuso en su momento", que se elevaba a 250.000 euros. Y ello "porque se ha aclarado lo que está dentro y fuera del ámbito de concesión".