Lo de Vox en Málaga empieza ya a parecer un culebrón de telenovela. Hoy hace exactamente 37 días desde que el ex coronel de la Legión Enrique de Vivero ganara las primarias en la provincia, un proceso que tuvo de todo menos paz, y ya hay quienes dentro del partido ya le invitan a marcharse. Apenas habían pasado unos días desde que se dieran a conocer los ajustados resultados de las votaciones, cuando las sospechas de que se había valido de supuesta financiación irregular para su campaña comenzaron a empañar su incipiente gestión. Ayer el asunto dio un nuevo giro, pues un grupo de más de un centenar de militantes amagaron con pedir su dimisión y la creación de una gestora si tal extremo era confirmado.

El afiliado que encabeza este nuevo movimiento es Bartolomé Sánchez, de Benalmádena, quien hizo campaña a favor de De Vivero. Habla de “desmadre” dentro del partido e insiste que los militantes están “muy descontentos”. La razón, según explicó, es que “parece ser que la campaña de Enrique de Vivero ha sido financiada de forma irregular, y según los estatutos no se puede recibir financiación externa”. Además, llegó a asegurar que “nosotros hemos visto esa factura”. “Hay una división muy grande dentro del partido, ha sido quitar a un candidato que pertenecía al aparato [en referencia a José Enrique Lara] y ha aparecido otro sobre el que planean estas sospechas”, señaló. “Es todo un poco extraño”, apostilló.

Ya hubo rumores de esto incluso antes de acabar las primarias, que fueron repetidas por las "infracciones internas" detectadas. De hecho, el Comité Electoral llegó a pedir a de De Vivero que justificara sus gastos de campaña, ante las denuncias de la candidatura de José Enrique Lara. El ex coronel de la Legión criticó entonces que se trataba de “calumnias”. “Decían en redes sociales que gastábamos cantidades desorbitadas de alrededor de 50.000 euros. Nada más lejos de la realidad; presentaremos las facturas correspondientes, que no llegan a 3.000 euros y que salen del bolsillo de las seis personas que conforman la candidatura”, dijo.

Ahora, según expuso Sánchez, la propia empresa que, supuestamente, financió a De Vivero habría comunicado a la dirección nacional de Vox la situación. “La empresa lo que quiere es cobrar”, comentó este afiliado. No obstante, insistió en que están pendientes de que la dirección de Santiago Abascal les ratifique “que las facturas son reales”. En principio, esperan alguna respuesta de Madrid a lo largo de este miércoles.

“Si esto se confirma por Madrid, seré el primero que pida la baja del partido”, subrayó, agregando que “tanto yo como un número importante de militantes pediremos la dimisión del presidente y la formación de una gestora para solucionar este problema lo antes posible”. “Este tema tiene que ser zanjado para poder empezar a trabajar y poner orden. Por el bien de Vox y de España”, sostuvo.

Fuentes cercanas al partido en la provincia apuntan a que desde Madrid estarían por la labor de forzar una gestora en Málaga. A la espera de que la dirección nacional dé un paso, lo que sí es cierto es que estas informaciones han agudizado la guerra interna que desde hace más de un año lastra todo lo relacionado con Vox Málaga. “Hay muchas disputas entre diversos grupos de afiliados, y para el resto de la militancia está siendo muy desagradable”, precisó Sánchez, que confesó que “estábamos muy contentos con las primarias, y animados tras la victoria de Enrique de Vivero”.

Al parecer, más de un mes después de ganar las primarias, De Vivero todavía no ha sido ratificado como presidente por la dirección nacional, trámite indispensable para que pueda ejercer como tal. De hecho, algunas fuentes comentan que todavía no disponen ni de las llaves de la sede. Hay una especie de vacío de poder.

El pasado sábado, el Comité Provincial electo encabezado por De Vivero envió un comunicado a los afiliados en el que subrayaba que “la asignación, designación y nombramiento de todos los cargos y puestos son de exclusiva competencia del CEP, así como todas las acciones relativas a organigrama, organización, desarrollo e implementación de líneas de trabajo”.

“Cualquier otro tipo de iniciativas por cualquier otro interviniente que no sea miembro del CEP, no sólo carece de validez alguna, sino que, al contravenir los estatutos, incurre en usurpación de poderes con las consecuencias que tales acciones pudieran conllevar”, advertía la nota, que concluía señalando que “en espera de la tan ansiada ratificación, desde el CEP seguimos trabajando para dar estricto cumplimiento con el máximo rigor a los cánones de Vox”.