La Junta de Andalucía pasa a guardar silencio sobre la fecha previsible en la que serán licitadas las obras del Metro en superficie hasta el entorno del Hospital Civil. A pesar de que ayer mismo el Consejo de Gobierno andaluz allanaba el camino a esta pieza de la infraestructura ferroviaria al dar luz verde a su encaja urbanístico, desde la Consejería de Fomento se eludió fijar un posible calendario para activar el concurso de adjudicación de una obra que cuenta con el rechazo frontal del Ayuntamiento de Málaga. Una circunstancia que puede resultar clave incluso en la determinación final a adoptar por parte del departamento dirigido por el consejero Felipe López.

Bien es cierto que en lo que a la tramitación de esta parte del Metro se refiere, los últimos compromisos temporales asumidos por el Gobierno andaluz se han visto claramente superados. Ejemplo de ello es que frente a la prudencia actual sobre una posible fecha de licitación, López anunciaba el pasado mes de junio su intención de ir adelante con este procedimiento en el mes de octubre; y antes se habló de que tal paso se iba a dar en el verano pasado. Este hito sigue sin cumplirse y, en el mejor de los casos, no lo hará hasta dentro de algunos meses.

El Consejo de Gobierno tiene aún que autorizar el gasto necesario, que se sitúa en 41 millones

Básicamente porque superado el escollo urbanístico, empleado por el equipo de gobierno del PP para oponerse al trazado tranviario, Fomento aún tendrá que contar con otro visto bueno por parte del Consejo de Gobierno andaluz, en el sentido de autorizar el gasto necesario para afrontar una inversión estimada en algo más de 41 millones de euros. Y eso no parece que vaya a ocurrir antes de enero o febrero del año que viene.

Las dudas que el tramo Guadalmedina-Renfe genera son evidentes. No solo en lo tocante al papel del Ayuntamiento, que tras avalar su desarrollo como parte del nuevo trazado del Metro pactado a finales de 2013 ahora pretende liquidarlo, sino en la propia posición de la Administración regional. Si bien hasta el momento ha dado todos los pasos administrativos necesarios para poner en marcha la construcción de estos 1,8 kilómetros de recorrido, la realidad es que el propio consejero admite abiertamente la imposibilidad cierta de avanzar en una obra de esta dimensión sin el apoyo municipal. De hecho, en su última visita a la capital de la Costa del Sol, preguntado por si llegaría a adjudicar la obra en el caso de que el Consistorio mantuviese su negativa al tramo, López mostró sus dudas, apuntando que una adjudicación implicaría la creación de una serie de derechos a favor de la empresa contratada.

Respecto al trámite abordado ayer por el Consejo de Gobierno andaluz, desde la Junta se precisó una vez notificado el acuerdo, el Ayuntamiento dispondrá de un máximo de un año para modificar su planeamiento y dibujar el ramal a ras de calle por las calles Hilera, Santa Elena, Eugenio Gross y Blas de Lezo. Las estimaciones manejadas por la concesionaria encargada de la explotación comercial del Metro elevan a más de 2,5 millones de pasajeros los que moverían los trenes anualmente en esta parte del recorrido, a sumar a los más de 18 contemplados para el resto de las líneas. La intervención se contempla en su mayor parte (dos tercios) en superficie, quedando otra fase soterrada. El plazo de ejecución es de 24 meses.

A juicio de la Junta, el tramo es "fundamental" por permitir la conexión de equipamientos públicos de carácter metropolitano, caso del Hospital Materno Infantil (junto al que se plantea un tercer hospital). Esta pieza fue declarada de interés metropolitano el pasado 9 de mayo, lo que permite a la Junta impulsar la obra sin necesidad de los permisos municipales.

En las últimas semanas la postura de la Junta ha resultado favorecida después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya dictado una sentencia en la que avala el proyecto básico del ramal en superficie. En la misma tumba los argumentos empleados por el Consistorio, que reclamó la anulación del mismo. Entre otros, alegando la vulneración de la autonomía municipal y la existencia de lesión a los intereses de la ciudad.