El problema de la inmigración le vuelve a estallar al Gobierno. El uso de la cárcel de Archidona -aún vacía- para internar a casi medio millar de inmigrantes llegados en patera a Murcia y Almería ha provocado una oleada de críticas por parte de ONG, sindicatos, partidos políticos, el Consejo General de la Abogacía y la Junta de Andalucía. Veintidós ONGs han puesto ya una queja ante el Defensor del Pueblo español al entender que se ha vulnerado la Ley de Extranjería por alojarlos en una cárcel y amenazan con "acciones legales". El sindicato de prisiones Acaip ha anunciado una demanda por estafa procesal, entre otros delitos, porque siete juzgados de ambas provincias han dispuesto el ingreso en un CIE (centro de internamiento de extranjeros) que no existe: "el centro no penitenciario de internamiento de extranjeros de la Jefatura Superior de Policía de Archidona", según consta en los casi 500 autos individuales que disponen el ingreso de los inmigrantes en la prisión malagueña. Según Interior, el traslado no durará más de 40 días. Sin embargo, los autos de internamiento permiten hasta un máximo de 60.

Frente a las denuncias planteadas desde las ONG, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, admitió ayer que "la llegada masiva de inmigrantes" registrada en las últimas semanas a las costas españolas "ha colapsado el sistema" de CIEs y ha obligado a enviar a personas rescatadas en el mar al centro penitenciario de Archidona. Mientras se tramita su expulsión, permanecerán en el nuevo centro penitenciario de Málaga que aún no ha entrado en funcionamiento y que, según ha precisado, "todavía no es" una cárcel. "Se ha construido para ello, pero no ha empezado a funcionar y no tiene las condiciones ni el régimen, ni el personal de instituciones penitenciarias", explicó el titular de Interior.

Hay que cumplir la ley porque si no sería imposible controlar la presión migratoria"

Los inmigrantes trasladados a Archidona "están igual que en los CIEs" que se encuentran "desbordados", según explicó el ministro, que justificó la decisión para evitar tener que alojarlos "en campamentos como se han visto en otros países". Zoido explicó que el centro penitenciario está dotado con "nuevas tecnologías, calefacción, enfermería, televisión y campos de deportes" para garantizar las condiciones de los internos. El titular de Interior admitió la necesidad de "cortar el efecto" llamada con la devolución de los inmigrantes "ahora que está cundiendo nuevamente que Europa está saliendo de la crisis". Según los datos del Ministerio, la llegada de embarcaciones en las últimas semanas aumentó un 190% con respecto a 2016.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró que la decisión es "temporal" y "excepcional". Sanz explicó que la decisión se adoptó ante la "avalancha" de inmigrantes ya que "llegaron 1.000 en unas horas".

Frente a la defensa de la medida por parte del Gobierno, el internamiento cosechó un aluvión de críticas de las organizaciones humanitarias. Veintidós ONGs emitieron un comunicado en el que lo calificaron de "práctica absolutamente ilegal" y "aberración jurídica". José Luis Rodríguez, el coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge y abogado que hace una década tumbó 11 artículos de la Ley de Extranjería, dijo que se ha cometido una "ilegalidad meridiana". Según precisó el letrado, la orden ministerial del 16 de marzo pasado publicada dos días más tarde en el Boletín Oficial del Estado recoge que las instalaciones de Archidona son una cárcel. Por lo tanto, Rodríguez argumenta que se han vulnerado los artículos 62 de la Ley de Extranjería y el 1.2 del Reglamento de CIEs que estipulan que los inmigrantes irregulares serán ingresados para su expulsión en centros no penitenciarios. Por ello, Andalucía Acoge instó a los letrados que asistieron a los inmigrantes a recurrir las órdenes de internamiento ante las correspondientes audiencias provinciales.

Pero es más. Tanto Andalucía como Acaip advirtieron que los jueces han ordenado el ingreso en un "centro no penitenciario de internamiento de extranjeros" inexistente -el de Archidona-, de una "Jefatura Superior de Policía" de ese municipio, que tampoco existe. "¿Ignorancia, error inducido o eufemismo del juez?", se preguntaba Rodríguez. El presidente de Acaip, José Luis Pascual, era más rotundo: "Hay una actuación deliberada" de alguna persona -de la que responsabilizó a Zoido- porque "se ha intentado engañar, ocultar o darle una información a los juzgados que no se ajustaba a la realidad".

Acaip adelantaba que presentará una demanda por tres delitos. Estafa procesal -por esa supuesta "información falsa" a los jueces-, contra los derechos de los trabajadores -porque la cárcel ya tiene una plantilla de más de 250 funcionarios que no se pueden incorporar- y por el internamiento de personas en una prisión -según lo recogido por el BOE- sin mandamiento judicial.

Frente a estas críticas, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, defendía la medida: "No es una decisión unilateral del Gobierno, sino que está avalada y respaldada por siete juzgados que han decretado el ingreso en este establecimiento y por tanto tiene todas las garantías jurídicas".

La realidad es diametralmente opuesta para Andalucía Acoge, que calificó de "inadmisible" y "total vulneración de los derechos humanos" la decisión de Interior porque según lo publicado en el BOE es un centro penitenciario, no de internamiento. Además, la organización recordó que la decisión de habilitar centros de internamiento de carácter provisional ha sido limitada por el Tribunal Supremo al Ministerio del Interior y, en este caso, la decisión adoptada por los juzgados de Murcia no ha contado con una orden ministerial al respecto y, por tanto, se priva de libertad a estas personas en un espacio no habilitado legalmente. Por ello, Andalucía Acoge exigió al Gobierno la "inmediata" puesta en libertad de los inmigrantes, "ya que este internamiento no cumple los requisitos que nuestra legislación exige y porque, además, los centros de internamiento de extranjeros no son los lugares adecuados para personas que acaban de ser víctimas de un naufragio".

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también arremetió contra la decisión del Gobierno tras recordar que la Junta había avisado de la situación y le urgió a que "se ponga las pilas". "Llevamos desde el verano avisando al Gobierno de lo que estábamos percibiendo en las costas andaluzas, incluso habíamos hecho un llamamiento para que tuviera en cuenta que se había incrementado de manera muy considerable el número de menores no acompañados", recalcó Díaz.

La oficina del Defensor del Pueblo español dijo que estará "vigilante" para que se garanticen los derechos de los 497 inmigrantes internados en Archidona. El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, mostró su "preocupación y sorpresa" por el traslado a Archidona. En lo que va de año, han arribado a las costas españolas 15.000 inmigrantes. De estos, 1.899 han llegado a Málaga, frente a los alrededor de 800 de todo 2016.