La secretaria general de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Gloria Vega, ha anunciado hoy que cuando entre en vigor -a final de mes- el decreto que regula las edificaciones en suelo no urbanizable, en menos de tres meses se reconocerá la situación de casi todas las afectadas en Málaga.

Vega ha añadido que en ese periodo al menos se tienen que haber iniciado todos los procedimientos en la provincia donde la proporción de viviendas aisladas es muy importante respecto al total, y la Axarquía es uno de los lugares de Andalucía donde la aplicación del decreto puede tener una mayor incidencia.

El Consejo de Gobierno aprobó el decreto, el pasado mes de enero, que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable, unas 250.000 según los cálculos de la Administración autonómica, con el que pretende "acotar" lo que ha denominado como un "fenómeno del pasado".

La secretaria general ha explicado en Málaga, donde ha inaugurado una jornada técnica para informar a los ayuntamientos sobre el decreto, que una de las prioridades por la que se creó fue para que algunas viviendas no se conviertan en esculturas.

Aquellas que estén construidas en suelo no urbanizable y no puedan demolerse porque ha transcurrido el periodo que contempla esa medida, podrán ser usadas con unas condiciones restringidas debido a su situación de ilegalidad.

Asimismo, Vega ha añadido con motivo de la manifestación convocada el próximo 28 por afectados que piden que se quite la ley, que el Gobierno no tiene intención de modificarla y que su posición desde el principio ha sido completamente clara.

La jornada que tiene lugar hoy y que supone la quinta celebrada en Andalucía tienen como objetivo explicar técnicamente la aplicación del decreto para que los ayuntamientos inmediatamente puedan aplicarla una vez que entre en vigor.

El decreto distingue, a grandes rasgos, tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos).

Así, de cada diez viviendas una se podrá regular, ocho serán reconocidas y una deberá ser demolida, en concreto las construidas en zonas protegidas.