Prácticas ilícitas en la actividad urbanística fue el elocuente título de un estudio publicado a finales de 2004 por un grupo de expertos del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología dirigidos por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga José Luis Díez Ripollés. El equipo avisaba de que existía riesgo real de que el crimen organizado tomara el control político. Es más apuntaba que en algunos puntos de la Costa del Sol esto ya podía estar sucediendo. La investigación levantó ampollas y agentes económicos, políticos y hasta policiales se apresuraron a descalificarla.

El próximo 27 de septiembre se sentarán en el banquillo 95 acusados en la denominada operación Malaya. Todos los alcaldes y concejales que han gobernado Marbella entre 2003 y la primavera de 2006 están procesados, junto a 19 promotores inmobiliarios, abogados, testaferros, contables y hasta el secretario municipal y el jefe de la Policía Local. Sobre ellos pesa la sospecha de haber participado en un cóctel de corrupción política y urbanística orquestada por Juan Antonio Roca, asesor urbanístico del municipio desde mediados de la década de los 90. A grandes rasgos las acusaciones sostienen que Roca se encargaba de mantener bajo control la voluntad de los cargos públicos a cambio de sobres que presumiblemente recibía de los empresarios para amoldar la política urbanística a los intereses del mejor postor. Supuestamente parte de ese dinero lo repartía entre el equipo de gobierno y otra jugosa parte se la quedaba. La operación policial implicó la disolución de la Corporación municipal. Algo tan común en el sur de Italia que, sin embargo, sucedía por primera vez en España.

Desde que la operación Malaya explotó nunca más se puso en duda la tesis de la investigación Prácticas ilícitas en la actividad urbanística. Seis años después el catedrático de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés recuerda que a pesar de los pesares fueron la Policía y luego la jurisdicción penal los primeros en reaccionar contra la corrupción. De hecho, el cabo del hilo que desembocó en la operación Malaya se encontró en un juzgado: el magistrado Miguel Ángel Torres investigaba por delito urbanístico el exceso de edificación en el hotel Guadalpín, y citó a declarar al jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo en Marbella, Jorge González. El funcionario tiró de la manta.

Díez Ripollés considera que la jurisdicción contencioso administrativa fue "excesivamente pasiva". La sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) optó por no adoptar medidas cautelares para impedir que prosiguieran las construcciones amparadas en licencias de obras recurridas. Y cuando el tribunal, aquejado de un dramático colapso, se pronunciaba años después los edificios estaban en pie y ocupados. Mientras, los juzgados penales acostumbraban a esperar las resoluciones administrativas antes de seguir sus procedimientos, generando una sensación generalizada de impunidad.

Aún así, cuando la operación Malaya comenzó la Fiscalía Anticorrupción ya contaba con un delegado en Málaga, el fiscal Juan Carlos López Caballero, y la Policía Nacional acababa de reforzar sus unidades especializadas. Hasta entonces todos los jueces que habían tratado de aproximarse al avispero marbellí por una razón u otra habían salido escaldados. Pero en este caso la investigación permaneció secreta más de un año, mientras la atención pública se focalizaba en el caso Ballena Blanca, centrado en el despacho de abogados DVA, por presunto blanqueo de capitales.

¿Cómo había podido ocurrir algo así a la vista de todos sin que nadie diera la voz de alarma? "En realidad la sociedad todavía no ha reaccionado contra la corrupción. Sólo hay que ver las expectativas electorales de los implicados en el caso Gürtel", precisa el catedrático de Derecho Penal. José Luis Díez Ripollés relaciona esa ausencia de censura social con la falta de cultura política además de con la confusión de valores que ha generado la respuesta de las instituciones "que han vendido como realismo político la renuncia al efecto intimidatorio del Derecho sancionador". Es decir, la masiva legalización de viviendas que se ha producido después en Marbella bajo el argumento de evitar un daño mayor a terceros de buena fe ha asentado la sospecha de que nunca sucede nada y que compensa infringir la ley.

En la misma línea interpreta la atemperación que han sufrido normas como el Decreto de Campos de Golf de la Junta de Andalucía o la propia Ley de Costas del Gobierno central. De hecho, este catedrático de la UMA opina que el interés público que genera el caso Malaya reside en el morbo de los famosos implicados: "La atención está en los famosos y en lo que se va a conocer de su vida privada. No en la relevancia del juicio para nuestra democracia y nuestras instituciones". El caso Malaya marcó un antes y un después en la persecución de las prácticas corruptas en las administraciones. De este a oeste y de norte a sur la Policía registró ayuntamientos por toda la geografía española, descubrió botines ocultos bajo los colchones y los jueces imputaron a alcaldes y cargos públicos.

¿Se ha puesto el punto final a descomposición de la vida pública en España? El catedrático José Luis Díez Ripollés tiene sus dudas. Opina que esa falta de reacción social puede favorecer que "una vez superada la crisis económica , o con el argumento de superarla, se sienten otra vez las bases de la corrupción si no prestamos atención".