El Ayuntamiento de Málaga sigue moviendo el árbol en la búsqueda de una solución con la que gravar las casi 2.000 viviendas turísticas ya reguladas en la capital de la Costa del Sol. Si bien en el seno del equipo de gobierno del PP se asume que las medidas más efectivas para controlar la proliferación de estos inmuebles, que empieza a ser preocupante en el Centro histórico, exceden el ámbito de las competencias municipales, se mantiene abierta la vía de aplicar cara al próximo ejercicio una tasa de basura específica.

¿Pero qué incidencia económica tendría para las arcas municipales y qué carga tendrán que asumir los propietarios de estos inmuebles? Para tratar de responder a este doble interrogante los técnicos del área de Economía y Hacienda estudian hasta tres variables diferentes para determinar los valores de aplicación. Una de ellas toma como punto de referencia el número de plazas de cada uno de los inmuebles ya regularizados si bien ya se ha constatado que su efecto es ciertamente limitado. A esta primera, se incorpora la toma en consideración de la superficie de las viviendas y, en tercer término, el valor catastral de las mismas.

En función del camino que finalmente se adopte la repercusión variará de manera sustancial. De acuerdo con los datos conocidos por este periódico, el recibo medio que tendría la tasa de basura en función del número de plazas de los pisos turísticos oscilaría entre los 50 y los 95 euros anuales. Una suma que, en el más gravoso de los casos, apenas supondría el pago de 8 euros mensuales. El impacto para las arcas municipales sería reducido, mientras que el efecto para el bolsillo de los dueños de estas viviendas sería mínimo.

Esta circunstancia hace que dentro de la hoja de ruta ya prevista se incluya la idea de analizar los otros dos escenarios: la superficie de los inmuebles registrados por la Junta de Andalucía y su valor catastral y localización en el callejero fiscal. Dos vías que elevarían de manera significativa la carga económica que supondría para los propietarios de estos negocios residenciales. A modo de ejemplo, a la espera de que se concluyan los análisis, se maneja posibilidad de que la tasa se situase en entre 200 y 250 euros anuales en caso de aplicarse la variable de la superficie.

Una de las cuestiones que los responsables municipales quieren tener en cuenta a la hora de definir el escenario futuro es el de aplicar una tasa mediante la que se pueda compensar la incidencia que la proliferación de las viviendas turísticas tiene no solo sobre el servicio de recogida de basuras, sino sobre otros campos, como las "distorsiones" que se producen entre los vecinos de entornos donde en fenómeno es una realidad.

Tomando como referencia este hecho, se quiere también diferenciar entre la tasa a la que debería hacer frente una vivienda turística situada en Carretera de Cádiz y otra que se encuentra localizada en pleno Centro. Dos espacios en los que la diferencia de valor catastral es apreciable.

Una vez se disponga de esta horquilla de propuestas corresponderá al equipo de gobierno, en primer plano, y al resto de grupos municipales la decisión sobre la aplicación o no de esta tasa de basura. Algo que por el momento no se da por seguro. Sobre ello, el concejal de Economía, Carlos Conde, no concretó si será posible tomar medidas concretas para el año que viene. "Vamos a trabajar la vía que nos permita actuar con nuestras propias ordenanzas fiscales; no sé si llegaremos, dependerá de que los estudios estén a tiempo, pero no es un ingreso que vaya a resolver nada".

Conde tiene claro que la solución más adecuada pasa bien por que el Gobierno modifique la actual ley, de manera que se incorpore una variación para hacer posible que el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) incluya "una doble subcategoría para las viviendas normales y para aquellas otras que son turísticas". Esta solución permitiría a los ayuntamientos alterar el tipo impositivo de este impuesto e incrementar el recibo. La otra opción, que el edil considera más factible, deja en manos del Catastro la revisión al alza del valor catastral de las viviendas que estén censadas como turísticas, lo que generaría un incremento de la cuota del IBI. "Si el Catastro tomase esa decisión se podría saber en enero del año que viene", expuso.