La pandemia puso el foco sobre la importancia de la salud mental y las consecuencias de sus carencias. Y entre estos déficits, la falta de psicólogos clínicos es histórica. En el análisis comparativo, Málaga no sale bien parada. La provincia no sólo está “infradotada” en estos profesionales respecto a la media nacional, sino que además presenta desequilibrios territoriales entre la capital y las comarcas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)recomienda un mínimo de 20 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes. Según datos de la Sociedad Española de Psicología Clínica (Anpir), la ratio media de la Unión Europea ronda los 5,5. Aunque hay países, como es el caso de Francia, donde se alcanzan los 18. España roza los 6 y está en la media europea. Andalucía, en cambio, tiene 3,22. “Es la comunidad autónoma con menos psicólogos clínicos de la sanidad pública española”, asegura el portavoz de Anpir, Gabriel Ródenas.

Málaga, a su vez, está en la media andaluza. Desde la Sociedad no se concreta exactamente la cifra, pero se apunta que la ratio equivale a la mitad de la nacional. Por ello, Miguel Guerrero, miembro de Anpir, explica que la provincia “está infradotada” en estos profesionales. Y no sólo eso. También tiene desequilibrios territoriales ya que la capital “está en la media andaluza” y es la que tiene más recursos, mientras que el resto de la provincia cuenta proporcionalmente con menos psicólogos clínicos. Las comarcas de Antequera, Ronda, el Guadalhorce, la Serranía e incluso la Costa occidental –donde se asientan los núcleos más poblados– disponen de menos de estos especialistas.

En general, en toda España, los psicólogos clínicos son anecdóticos en la sanidad pública

Ródenas aclara que hay países europeos con diferentes modelos asistenciales por lo que es difícil hacer comparaciones a nivel europeo. Pero insiste en que en el análisis nacional, está claro que Andalucía está a la cola.

En general, los psicólogos clínicos son anecdóticos en la sanidad pública y el déficit es generalizado en toda España. El primer tapón ha sido históricamente la falta de plazas PIR, que es como el MIR (la residencia para la especialización) de los médicos. Hasta hace unos años, éstas apenas rondaban el centenar en todo el país. Ya se han autorizado 231 para 2023 y 247 para 2024. Pero según Ródenas harían falta 422 para empezar a paliar el déficit porque no sólo hay que cubrir las carencias, sino reemplazar a los profesionales que se van jubilando.

El portavoz de Anpir señala que mientras cada año acaban unos 14.000 médicos y hay unas 7.000 plazas MIR, se gradúan unos 4.000 psicólogos y apenas se ofertan 247 plazas PIR. También explica que no todas las plazas que en teoría deberían salir finalmente lo hacen. Con lo que asegura que la oferta real para hacer el PIRes menor que la autorizada. Además, sostiene que la bolsa andaluza para esta categoría “deja mucho que desear”, no se actualizan bien y, encima, “se ofertan pocos contratos”. En su opinión, todos estos “fallos” van “mellando” el acceso de la población a estos profesionales dentro de la sanidad pública.

“En el sistema público, siempre se le ha dado más importancia a la salud física que a la mental, que ha quedado en un segundo plano y ha tenido menos inversiones. Tras la pandemia se le da más importancia, pero estamos lejos de contar con los profesionales necesarios”, remarca Ródenas.

Desde Anpir se apunta que incluso dentro del área de Salud Mental son proporcionalmente muchos menos que otros especialistas. “Hay históricamente una infrarrepresentación de los psicólogos clínicos en los diferentes dispositivos asistenciales en relación con los psiquiatras. Lo que está claro es que [los psicólogos clínicos] son insuficientes para garantizar una psicoterapia de calidad con garantías de eficacia y efectividad. Hay una creciente demanda de abordajes psicoterapéuticos en la sanidad pública por parte de la población general y no es posible cubrir esa demanda con la oferta de profesionales que existen”, argumenta Guerrero.

Esta situación conlleva, según este profesional, a la “medicalización”. Es decir, ejemplifica, cuando “una persona que tiene un malestar emocional, en lugar de un abordaje psicológico, se lleva un fármaco”. Hay muchas situaciones que se podrían resolver con un abordaje psicológico, pero las carencias del sistema público lo impiden. Guerrero precisa que España es el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos y que en las últimas dos décadas la prescripción de antidepresivos se ha incrementado a nivel nacional un 249%.

Por ello, reflexiona que una inversión en mayor dotación de psicólogos clínicos supondría un ahorro puesto que se podría atajar el agravamiento de cuadros de salud mental y a la vez se reduciría la factura en fármacos de la sanidad pública.