El PSOE ha elevado a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Málaga por el que declaró tránsfuga a Juan Cassá, que abandonó Ciudadanos el pasado mayo y que permanece como edil no adscrito.

Así lo ha informado el portavoz del grupo socialista en el Consistorio malagueño, Daniel Pérez, quien ha recordado que "los días pasan y el Partido Popular está dejando pasar el tema sin informar sobre la letra pequeña de ese acuerdo al que llegaron con él tanto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, para apuntalar el gobierno en la capital tras asignarle un sueldo de 93.000 euros".

Pérez ha pedido a la concejala de Ciudadanos en la capital, Noelia Losada, "que tenga coherencia para retomar el camino de la regeneración política en la ciudad de Málaga, más aún cuando el gobierno en la capital está tomando una deriva autoritaria por parte de los señores De la Torre y Salado".

"En el caso de Ciudadanos no tiene mucho sentido mantener una posición fuerte y frontal contra la inclusión de un tránsfuga en sus pactos de gobierno, como sucede en Diputación o en el Ayuntamiento, y a renglón seguido seguir gobernando en esas instituciones como si nada hubiera pasado. Cualquier ciudadano pensaría que esos principios y esa carta ética que aluden cumplir, se pierde antes su indecisión de abandonar un gobierno con un tránsfuga", ha señalado en un comunicado Pérez.

En este punto, Pérez ha agregado que con el acuerdo aprobado en pleno "se da cumplimiento a lo mismo que se pide a nivel nacional, y es obstaculizar cualquier forma de gobierno apoyado en la figura de un tránsfuga", que según la Real Academia de la Lengua Española es "aquella persona que, con un cargo público, no abandona éste al separarse del partido que lo presentó como candidato".

Además, se ha referido también al 'Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en la corporaciones locales' "Dicho esto, Juan Cassá es un tránsfuga y la señora Losada debe pronunciarse: continuidad de un gobierno reprochable en la ciudad de Málaga o regeneración política", ha advertido.

Para Pérez, este acuerdo entre De la Torre, Bendodo, Salado y Cassá "ha creado una situación de inestabilidad en el Ayuntamiento de Málaga, que ha saltado a los medios nacionales instando a la propia líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a convocar el Pacto Antitransfuguismo para abordar esta situación".

También ha señalado que "voces autorizadas del partido naranja como el portavoz de la formación, Edmundo Bal, ha manifestado que no se puede premiar a los tránsfugas", en referencia a Cassá y las nuevas labores que ostenta en la Diputación, "pues el transfuguismo es una forma de corrupción que supone defraudar a los votantes y tan corrupto es el que se deja comprar como el que compra al tránsfuga".

"Estas declaraciones llegaron poco después de que el primer edil de la ciudad, Francisco de la Torre, amagara con incluir al propio Juan Cassá, en el equipo de gobierno local, incluso restando competencias a la concejala naranja, Noelia Losada", ha dicho Daniel Pérez.

Asimismo, el portavoz del grupo municipal socialista ha agregado que "esta decisión hizo tambalear aún más la estabilidad de su gobierno en el Ayuntamiento. Desde entonces, el Partido Popular ha roto las relaciones con el resto de grupos, incluido su socio, actuando como si tuviera mayoría, sin buscar consenso en mitad de la mayor crisis sanitaria y social de nuestra historia reciente ocasionada por el COVID-19".

En este punto, Pérez ha recordado que con la moción socialista aprobada durante la última sesión plenaria del mes de julio, "sacó adelante un compromiso común de todas las fuerzas políticas para que nadie, esté en el gobierno o en la oposición, utilice el voto del tránsfuga. Ni para beneficio propio ni para perjuicio del contrario", haciendo un llamamiento a todas las fuerzas políticas de la ciudad para que "ni en el Ayuntamiento de Málaga ni en el seno de la Diputación se antepongan intereses particulares o de partidos al general, que es el de los malagueños".