El Puerto de Málaga tiene ya en su mano las conclusiones del informe de tasación encargado meses atrás a una consultora privada para determinar el valor actualizado de los terrenos sobre los que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aspira desde hace décadas a construir el Auditorio de la ciudad. De acuerdo con el detalle conocido por este periódico, la tasación ronda los 8,6 millones de euros, una cuantía que siendo importante rebaja en alrededor de un millón la cuantía anteriormente disponible.

Este parámetro es clave en el proceso de negociación que desde hace años vienen manteniendo el Consistorio y la Autoridad Portuaria. Si bien el deseo de la Corporación local, expresado de manera reiterada a través de reclamaciones e incluso iniciativas plenarias es que la entrega de los terrenos necesarios, de unos 40.000 metros, para el equipamiento cultural sea a coste cero, la posición del Puerto es clara en sentido contrario.

Los argumentos empleados por el anterior presidente, Paulino Plata, y por el actual responsable de la institución, Carlos Rubio, insisten en la imposibilidad cierta de entregar de manera gratuita unos terrenos que desde hace años forman parte del patrimonio portuario en condición de un bien desafectado.

La determinación del Puerto en este sentido es bien conocida en la Casona del Parque, al punto de que el propio regidor, Francisco de la Torre, abrió la puerta tiempo atrás a la posibilidad de establecer mecanismos de compensación mediante los que pagar la parcela deseada. Las conversaciones mantenidas siguen sin fructificar y sin ver la luz.

Todo hace indicar que una vez resuelta la incógnita respecto al valor actual del suelo del Auditorio, se reactivarán los contactos entre las dos partes implicadas. Rubio, en declaraciones a Málaga Hoy, confirmó los extremos económicos ahora manejados, aunque fue igualmente claro respecto a que este valor ha de tomarse como referencia pero no como una cifra inamovible.

"La idea es que haya una permuta, pero hay que ver en qué condiciones, hay que ver qué tipo de terrenos tiene el Ayuntamiento para que al final sea beneficioso para ellos y para nosotros, como en cualquier trato", explicó Rubio, quien admitió que una vez disponga del informe oficial completo tratará de contactar con el alcalde para abordar esta cuestión.

No obstante, apuntó que el valor ahora actualizado no tiene por que ser "un impedimento para que alcancemos un acuerdo". "En la fórmula jurídica en la que trabajamos no tienen por qué coincidir los bienes que recibamos con la tasación nuestra; lo que quiero decir es que si no son los 8,6 millones tampoco pasa nada", señaló. Sea como fuere, es claro que no debe existir una gran variación respecto a este montante, que ahora marca el camino.

La fórmula de la que habla Rubio, a la espera de que se concreten todos los detalles, debe permitir al Puerto disponer de terrenos de uso logístico fuera de su propio recinto para incrementar su capacidad empresarial. Hay que recordar que buena parte del espacio anhelado por De la Torre para el equipamiento cultural, en la zona de San Andrés, está actualmente ocupado por grandes carpas de almacenaje de graneles y otros productos. Es decir, tienen un uso por parte de la entidad portuaria.

Si bien se han analizado posibles emplazamientos, todos ellos con una conexión ferroviaria cercana, la realidad, según confirmó el presidente del Puerto, es que sigue sin haber un acercamiento respecto a pastillas concretas. Una labor de localización en la que lleva inmersa varios años la Gerencia de Urbanismo, cuyo concejal responsable, Raúl López, mantiene la idea de que formalmente el suelo del Auditorio tendría que ser entregado a coste cero para las arcas municipales.

De hecho, a finales del año pasado el propio edil remitió una carta en la que reclamaba la entrega de los terrenos, apelando al texto refundido de la Ley de Puertos, y, de manera precisa, al artículo 44, relativo a la desafectación de bienes de dominio público adscritos a las autoridades portuarias.

En el apartado 1 se recoge la posibilidad de que el Puerto ceda el uso de este espacio sin compensación económica alguna "a favor de las administraciones públicas y para fines de utilidad pública o interés social", subrayándose la posibilidad de recuperar si no se cumplen los fines previstos. La respuesta inmediata del Puerto fue que la aplicación de ese precepto no era general, sino en determinadas condiciones que, a su juicio, no se dan en el caso de estos terrenos.