La Fiscalía Anticorrupción y el Ayuntamiento de Marbella, acusación particular en el caso Malaya contra la corrupción, han presentado sendos recursos contra el auto del instructor que establece una fianza de un millón de euros para que el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, pueda salir en libertad tras dos años en prisión preventiva. La resolución se notificó el pasado viernes y, de momento, Roca no ha hecho efectivo el aval que le permitiría salir de la cárcel, que intenta reunir su entorno familiar.

El fiscal Anticorrupción de Málaga Juan Carlos López Caballero informó ayer de que su recurso se basa en el riesgo de fuga y en que "posiblemente" el ex asesor posea propiedades en el extranjero y cuentas en paraísos fiscales. Para el fiscal, las "ramificaciones" de dicha estructura societaria se encuentran en Suiza, Andorra y las Islas Vírgenes Británicas, así como en los paraísos fiscales de Liechtenstein o la Isla de Man.

López Caballero, que en la vista sobre la posible prórroga de la prisión preventiva contra Roca reclamó al juez Óscar que esta situación se prolongara otros dos años, ha estudiado la resolución del instructor y ha decidido recurrir porque no comparte los extremos contenidos en el auto.

Tampoco está de acuerdo con la resolución el Ayuntamiento de Marbella, que también ha recurrido ya el auto para "defender los intereses del municipio, garantizar la ejecución del juicio y poder reclamar posteriormente el patrimonio esquilmado". La alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), ha justificado su postura en que "hay argumentos de peso que el juez debería tener en cuenta, sobre todo cuando el propio auto judicial recoge que el riesgo de fuga es, sin duda, elevado".

Por otra parte, ayer continuaron las declaraciones indagatorias en el juzgado de Instrucción número 5 de Marbella. El primero en comparecer de nuevo ante el instructor fue el empresario Tomás Olivo, que negó tajantemente haber realizado pagos a Juan Antonio Roca a cambio de favores urbanísticos, según fuentes próximas al caso. El juez Torres, primer instructor del sumario, sostenía que Olivo aportó casi 2,5 millones de euros al presunto cerebro de la trama para obtener resoluciones favorables en dos proyectos urbanísticos: la tercera fase del centro comercial La Cañada y la adquisición de un edificio en Puerto Banús.

El empresario, en libertad bajo fianza de 500.000 euros, negó ayer que Roca le exigiese dinero y aseguró que "jamás" le ha pagado "a nadie" para sacar adelante sus negocios.

También compareció Ismael Pérez Peña, el empresario que durante años fue el adjudicatario del servicio de grúa en el Consistorio. Éste aprovechó su intervención ante el magistrado para explicar que los dos millones de euros que le decomisó la Policía cuando fue detenido eran un "préstamo personal" que le iba a hacer a Roca, según las fuentes, que añadieron que Pérez ha aportado documentación que, a su juicio, demuestra que ese dinero no era un soborno, sino un anticipo que el ex asesor le tendría que devolver en un futuro. Su hijo, Francisco Javier Pérez, también procesado, rechazó cualquier vinculación con la operación de su padre.

El ex gerente de la empresa de transporte Portillo, Julio de Marco, aseguró durante su declaración indagatoria que Roca no le exigió dinero para que su empresa operase en el municipio. Expuso que no suscribió ni autorizó ningún pago, ya que la firma de la empresa es "mancomunada" y debe estar autorizada por los responsables.