Como la de muchos inmigrantes, las historias de A. F. y Joni Makhoian son relatos de valentía, coraje y superación. Un desdichado destino y un largo camino lleno de obstáculo. Pero, con final feliz. Arriesgaron para tratar de cambiar el rumbo de sus vidas porque, lo contrario, era el "infierno". A cientos de kilómetros de sus países tampoco esperaban el paraíso; solo un mundo más liviano. La burocracia, el racismo, la separación de su cultura y de sus familias, a veces, se lo ha puesto un poco más difícil. 

Hasta en varias ocasiones A. F. -que prefiere que no aparezca su nombre completo para salvaguardar su seguridad- estuvo al borde de la muerte. No era la primera vez que su expareja la amenazaba. A veces, a punta de pistola; otras, la estrangulaba hasta dejarla casi sin respiración. El supuesto agresor, con el que mantenía una relación sentimental, la secuestró junto con los dos hijos que ambos compartían. La ayuda de una vecina y  15 minutos para idear un plan le salvaron la vida. A ella y a sus pequeños. Escaparon. Con lo puesto. 

Estuvieron escondidos durante algunos días con el peligro a sus espaldas, ya que el presunto secuestrador, un importante narcotraficante, "tenía mucho control sobre las autoridades de mi país -situado en América Latina-” y la decisión de la que hasta entonces había sido su mujer podía tener graves consecuencias. “Son personas que están acostumbradas a hacer lo que quieren y cuando quieren, por lo que no están acostumbrados a que se les lleva la contraria", explica.

Una conocida en Madrid hizo que viera en España un lugar donde mantenerse a salvo. Aunque en el aeropuerto estuvieron a punto de retornarla, un golpe de suerte permitió que volara. Tras aterrizar, le asignaron una plaza en un centro de acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Antequera. Ese fue el principio del fin. 

"Estaba muy asustada porque no sabía ni qué esa ciudad estaba en el mapa. Al principio estuve bastante mal. No conocía a nadie, estaba muy sola, tenía pesadillas...". Relata que era incapaz de comer o salir tan siquiera a la puerta de su habitación. "Estaba rota", recuerda A. F. 

Lo más duro, señala, no poder traer a sus hijos. “El estar separada de ellos es lo que más me dolía. A veces pensaba que, aunque la vida que tenía en mi país era como estar en el infierno, al menos estaba con ellos”, confiesa. A esto se le sumaban “muchos contratiempos” relativos a la documentación. Sin embargo, siempre encontraba motivos para no dar un paso atrás y continuar. El año pasado, A. F. consiguió traer a sus hijos -de diez y ocho años-, además de dar a luz a su tercera hija. 

A pesar de que reconoce tener ese periodo de su vida “muy superado” y ahora se siente bastante “tranquila”, afirma que “siempre quedan secuelas”. Explica que no puede evitar acelerarse si escucha un ruido muy fuerte, pues lo asemeja con el sonido ensordecedor de los disparos. Sin embargo, insiste en que se encuentra feliz. Ha vuelto a trabajar y acude con frecuencia a una iglesia católica. “Puedo decir que tengo una vida estable”, manifiesta.

La vida de Joni Makhoian y su familia en Georgia y, posteriormente, en Armenia tampoco fue fácil. Los conflictos bélicos de ambos países con Rusia hacen obligatorio que los adolescentes, a partir de los 16 años, comiencen a prepararse para llevar cabo el servicio militar. Una imposición que al joven, de apenas 22, le "quitaba las ganas de vivir", explica.

Joni Makhoian en la sede de CEAR Málaga.

En julio de 2017, Makhoian se mudó a Málaga. En un primer momento, se estableció en el domicilio de una conocida también armenia. Más tarde, se desplazó a Elche y luego a Bilbao, donde conoció CEAR. “Allí nos informaron de cómo funcionaba la solicitud de asilo. Mi madre no la solicitó hasta entonces porque tenía la creencia de que si te la denegaban te expulsaban de España”. Después de pasar por el centro de acogida de Antequera, donde también coincidió con A. F., Joni asegura que tuvo “un despertar”. “Mi integración social fue mucho más rápida que el procedimiento administrativo”, pues no fue hasta el 20 de junio de 2020, tras tres años, cuando recibió la resolución favorable para recibir la protección internacional.

Las consecuencias de estas demoras, en muchas ocasiones, "ponen en riesgo el principio de no devolución y el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales", ha denunciado Fani Barrabino, responsable del servicio jurídico en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en la delegación de Andalucía Oriental. Además, señala que "esto hace que aparezca un mercado secundario o informal de venta que citas que es inaceptable".