EL sainete de los nuevos chiringuitos de Málaga sería cómico si no fuera en realidad otro trágico ejemplo del pésimo funcionamiento de la administración. No es, como apunta alguno, un debate provinciano. Tampoco una mera cuestión de estética. Es, de nuevo, un asunto de dominio público, si es que acaso alguien recuerda lo que es eso. Las playas, repitamos todos juntos a lo Barrio Sésamo, son públicas. Es decir, de todos. Eso no significa que no sean de nadie y que el primero que llegue se las pueda apropiar. Para evitarlo está precisamente la Ley de Costas que el PP quiere reducir a la nada y unas instituciones públicas que han hecho el ridículo, una vez más, a cuenta de los siete mamotretos plantados en La Malagueta y La Caleta. La polémica, este grave atentado urbanístico en uno de los lugares señeros de la ciudad, ha servido para retratar a todos los involucrados.

LOS CHIRINGUITEROS. Los empresarios de playa constituyen uno de esos extraños lobbies de la provincia que han ido ganando fuerza con el paso de los años. Siendo pocos, hacen mucho más ruido que los hosteleros de tierra firme. A muchos se les ha olvidado que sus negocios se ubican en suelo público, y otros muchos llevan años ignorando los requerimientos de Costas, incluso alguno de sus dirigentes. Todos los políticos los temen y casi todos, de puertas para adentro y sin micrófonos delante, critican la actitud del gremio. Los chiringuiteros se han sentido atacados estos días por las críticas a los espantos que están levantando. Presumen de un "sacrificio" económico que nadie les ha pedido, como si en lugar de estar montando sus negocios privados estuvieran regalando algo a la ciudad. Con buen criterio recuerdan que las administraciones han aprobado o permitido los mamotretos que se están construyendo, pero no mencionan los cambios que han hecho en el proyecto aún sabiendo que no estaban permitidos. Y encima exigen ahora ocupar otros cien metros cuadrados de la arena para poner las terrazas. Eso sí, de los macrocuartos de baño no parecen tener mucha culpa. 

LOS CAMBIOS. Los dichosos chiringuitos iban a estar a cota de playa. Es decir, metro y medio por debajo del paseo marítimo. Eso habría reducido considerablemente su impacto visual. Pero por cuestiones de accesibilidad que se habrían resuelto fácilmente con una rampa, y por el miedo a la subida del nivel del mar -por algo eran chiringuitos, demonios-, alguien planteó ponerlos a la altura del paseo marítimo. Costas, grave error, lo permitió. Y Urbanismo no tuvo nada que decir. El proyecto original también contemplaba pilares metálicos, mucho más pequeños pero mucho más caros que los de hormigón que se han puesto, que también aumentan el impacto. El boceto presentado a los medios, y el proyecto original, tampoco incluía las persianas metálicas que dan apariencia de búnker a las instalaciones. Eso obligó, también, a reforzar la estructura para aguantar su peso y enrollarlas. Pero parece absurdo que disponiendo de un sótano de 150 metros para guardar las cosas, los chiringuitos se cierren herméticamente en su totalidad, cual banco por la noche. El otro factor que explica gran parte del problema es la intención de los empresarios de utilizar la cubierta como terraza en la que colocar "cuatro o cinco mesas". "Los malagueños se están perdiendo unas vistas magníficas", decía el viernes, con bastante caradura, el presidente de los chiringuiteros, Manuel Villafaina. La cuestión es que ellos dejarían de ganar dinero, porque las vistas ya se las han perdido los malagueños con esos muros. Es lo único en lo que parece haber acuerdo, documental, de las tres administraciones. Ni Costas, ni la Junta ni Urbanismo permiten que se usen las terrazas y las declaran impracticables. Aún así, los empresarios han construido, sin que nadie se lo impida, una amplia escalera para subir, les han puesto una solería bonita e incluso un montacargas -otro impacto-. Todo eso debe estar a cuenta de los 400.000 euros del "sacrificio".  Los aseos son el otro problema. Estaría bien saber quién es el lumbreras que decidió poner cuatro, en lugar de dos adaptados. Bastantes de los elementos anteriores deberían ser demolidos. 

EL ALCALDE. La solución de Francisco de la Torre ante esos hongos de cemento que ha permitido crecer es plantarles buganvillas y geráneos. Olvidando que ya ha pasado el April's fools day, el día de los inocentes, De la Torre planteó convocar un concurso de ideas para "crear un paisaje que suavice las formas de los chiringuitos". Es absolutamente de risa, aunque a algunos nos irrita profundamente que nos tomen por imbéciles, proponer un concurso para plantar macetas cuando no se ha convocado para diseñar los chiringuitos. El alcalde a veces parece olvidar que es el alcalde. Y en este caso, aunque lo ha intentado, no puede traspasarle la responsabilidad completa a la Junta. Es suya por situarse, una vez más, del lado de su polémica concejala de Playas.

TERESA PORRAS. Que la edil de Playas sea intocable para el alcalde dice mucho del alcalde, de la ciudad y del equipo de gobierno. Cualquier otro que hubiera creado la mitad de charcos de lodo en los últimos años que ella ya estaría en la calle. La concejala no sólo lleva meses ignorando los cinco requerimientos por escrito que le ha enviado la Junta para reducir la altura de los chiringuitos, sino que además pretendió construir otros once establecimientos (tres más entre La Farola y Antonio Martín) en el litoral malagueño, vulnerando las distancias mínimas entre ellos que marca la Ley de Costas y demostrando lo que le preocupa el impacto ambiental. Aunque lo parezca, Porras no trabaja para los empresarios de Playas, sino para el interés público de los malagueños. A lo mejor hay que cambiarle la denominación a su Área. Y ponerle Concejalía de Chiringuitos. 

COSTAS. El jefe provincial de Costas, Poncio Pilatos, perdón, Ángel González, se ha lavado las manos. Eso no le exime de responsabilidad. No ha parado de señalar que lo que se ha levantado no es lo que se aprobó, aunque admite que tampoco es ilegal. También recuerda que se han hecho muchos reparos, pero no parece que hayan sido tenidos en cuenta. La transferencia de las competencias de chiringuitos a la Junta -una cabezonería de Luciano Alonso que se ha demostrado un grave error- no incluye la capacidad sancionadora. Y Costas ha permitido demasiadas cosas. 

LA JUNTA. A la Junta no le hacían falta más competencias. Le sobraban las que tenía. Si algo ha demostrado este asunto es que cuantas más administraciones se ocupen de un mismo asunto, más probabilidades habrá de que todo acabe en desastre. Aunque Javier Carnero, el delegado de Medio Ambiente, parece haber cogido finalmente el toro por los cuernos, está por ver que cumpla sus advertencias e impida abrir los chiringuitos hasta que no se ajusten a lo aprobado. Se admiten apuestas sobre si se usan las terrazas. 

LA OPOSICIÓN. Si acaso hablaremos de ella la semana que viene. O no. O sí. O no. O sí. O no...