LA investigación en las sociedades contemporáneas ha tenido tradicionalmente un único fin: publicar en determinadas revistas científicas de impacto internacional. Si esas publicaciones aceptan los artículos, todo va bien. Y si después muchos otros investigadores citan esos artículos, aún mejor. La carrera académica del autor subirá como la espuma. De hecho, publicaciones y citas constituyen la esencia de la promoción en la carrera científica. Pero el sistema no es infalible. En 1956 Severo Ochoa envió a Journal of the American Chemical Society un trabajo sobre el hallazgo de una enzima que luego sentaría las bases de la biología molecular. La revista, de entrada, no lo publicó. El español, tres años después, recibió el premio Nobel.

En 1987 Science y Nature rechazaron otro artículo del estadounidense Kary Mullis sobre técnicas para amplificar las secuencias de ADN que revolucionaron la investigación biomédica y que le condujeron a ganar el Nobel seis años después. El profesor de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Alcalá Juan Miguel Campanario publicó en 2009 un artículo en el que relataba 19 casos de científicos a los que las revistas científicas de impacto internacional les habían dado con la puerta en las narices y que después, por esos mismos descubrimientos, lograron el Nobel.

En definitiva, el método de evaluación nacido para garantizar el valor de la investigación tiene fallos. Y esto no esto no es todo. El sistema también es perverso: las entidades públicas y privadas financian la investigación que se publica en esas instituciones y sus científicos tienen que pagar para acceder a sus contenidos. Tan solo en Andalucía se pagan al año cerca de 5 millones de euros.

"Los investigadores se evalúan por sus publicaciones y por cómo aparecen después esos artículos en las listas, pero de alguna manera es una evaluación al peso. Cuanto más se publica, mucho mejor, pero eso no significa necesariamente calidad en la investigación", resume la profesora de la Escuela de Informática de Málaga Beatriz Barros. Al margen de su fiabilidad, el sistema desde luego lo que no mide es el valor social del trabajo científico. ¿Qué parte de ese trabajo se convierte realmente en productos, servicios o conocimiento para el conjunto de la sociedad? ¿Cómo se benefician los individuos de ese esfuerzo económico que realizan las instituciones públicas que financian la I+D?

Beatriz Barros, investigadora del grupo de Inteligencia Artificial de la Escuela de Informática, coordina un proyecto de internacional denominado Sisob (http://sisob.lcc.uma.es) que durante los próximos tres años se dedicará expresamente a buscar otras fórmulas para medir ese impacto. Su proyecto, que apoya la Comisión Europea con casi 1,5 millones de euros con cargo al VII Programa Marco de I+D, es el único en este momento en el que un científico de la UMA ejerce la labor de coordinación.

El trabajo aborda tres frentes: los beneficios que reportan la movilidad de los investigadores en Europa y Latinoamérica, la transferencia y flujo de conocimiento a la sociedad y los nuevos sistemas de valoración de contenidos científicos para que, frente a la valoración tradicional sometida al criterio de dos o tres expertos (evaluación por pares), sea una comunidad especializada la que de manera abierta realice esa tarea.

El proyecto se engancha a la nueva tendencia del open source o fuente abierta en el que toda la producción científica que se publica es gratis y está al alcance del conjunto de la comunidad. Además, plantea un sistema de medición del impacto que ya no sigue sólo y exclusivamente las publicaciones especializadas y su posterior impacto, sino que a través de herramientas informáticas que funcionan como extractores de información se recogen y ordenan todos los datos sobre una determinada labor científica de la que se hayan hecho eco tanto los medios especializados como convencionales generalistas (prensa, radio y televisión), páginas web, blog, twits o cualquier otro formato, incluidos convenios y contratos, de manera que se logra medir mejor la penetración social de la investigación.

La iniciativa que coordina Beatriz Barros involucra además de a la UMA a otros seis socios: la universidad alemana de Duisburg-Essen, la Academia de Ciencias Húngara, la fundación Roselli de Italia, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de Andalucía, Frontiersin, grupo suizo especializado en publicaciones de neurociencia de fuente abierta y la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (Rycit), con sede en Argentina, así como a las universidades de Liubliana (Eslovenia) y de Granada, que ejercen de observadores externos. La composición del equipo, que aglutina a expertos en informática, cienciometría y gestión de políticas científicas ha sido posible por el tesón desplegado por Beatriz Barros que, a golpe de teléfono y correo electrónico, logró convencer a cada uno de estos equipos para que se sumaran a una iniciativa liderada desde la UMA que logró hacerse con uno de los dos únicos proyectos previstos por la Comisión Europea en 2010 para este segmento científico. Barros reconoce que para tener éxito en Bruselas "no hay solo que tener una buena idea. También hay que saber venderla".