Las primeras aproximaciones técnicas elevan en al menos un millón de euros la inversión necesaria para adecuar las condiciones en las que se encuentra el edificio de la calle Nosquera que sirve de sede del colectivo La Casa Invisible desde hace casi siete años. Según confirmó el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, el análisis de las necesidades reales del inmueble al objeto de ser adecuado para un uso social y cultural concluye "como mínimo" esa cuantía, "sin tener la intención de adaptarlo para que sea un museo".

La referencia económica pone de manifiesto la envergadura de la intervención necesaria para corregir las numerosas taras que presenta esta edificación, localizada en los números 9 y 11 de la calle Nosquera, y que fue clausurada el pasado 23 de diciembre para la realización de cualquier actividad de libre concurrencia. La determinación, adoptada por el propio Pomares, tomó como base sendos informes elaborados por el Cuerpo de Bomberos y el departamento de Conservación de Urbanismo según los cuales existía un elevado riesgo de incendio debido a las malas condiciones de las instalaciones eléctricas.

A esto se añade que se trata de una construcción que incumple la normativa municipal en cuanto a la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Según los propios datos municipales, en octubre de 2011 el colectivo cultural presentó la inspección, si bien la misma tuvo resultado desfavorable. Por ello, desde Urbanismo se exigieron ciertas intervenciones sobre el edificio que no han sido llevadas a cabo.

Desde ese momento y hasta la fecha se han sucedido varias reuniones entre los representantes de La Casa Invisible y del equipo de gobierno del PP. En las mismas, el colectivo cultural insiste en su disposición a costear parcialmente los arreglos del sistema eléctrico, para lo que impulsaron días atrás una campaña de recogida de fondos, con el fin de mantener su ocupación, carente de respaldo jurídico desde febrero de 2012. Se da la circunstancia de que esta construcción es propiedad del Ayuntamiento.

Frente a la posición de este ente, el Ejecutivo local ha puesto sobre la mesa la necesidad, primero, de actuar sobre el edificio, y, segundo, abrir un concurso público mediante el que 'adjudicar' el uso del inmueble a uno o varios colectivos, entre los que podría encontrarse La Casa Invisible. Sin embargo, este procedimiento abierto, al que obliga la normativa municipal que regula la cesión de inmuebles públicos, no es compartido por el colectivo.

Otro de los puntos en los que por el momento parecen chocar las partes implicadas es la de quién asume la labor de recuperación del edificio. A juicio del edil del PP, debe ser Urbanismo el que actúe en este sentido. Por el contrario, según se expresó en un encuentro celebrado la pasada semana, La Casa Invisible mantenía la idea de materalizar los trabajos necesarios. "Son reacios a que hagamos la obra nosotros", dijo Pomares al ser preguntado por esta cuestión, al tiempo que apuntó como elemento a tener en cuenta la antigüedad del inmueble y la necesidad de actuar sobre el mismo de manera casi inmediata. "Ya que nos metemos lo suyo es que hagamos una rehabilitación en condiciones; queremos un proyecto completo y no sólo un apaño", añadió.

A pesar de la claridad del mensaje del concejal de Ordenación del Territorio, compartido por otros integrantes del equipo de gobierno, no todos los ediles parecen estar en esa misma línea. Incluso, el alcalde, Francisco de la Torre, insistió ayer a través de la red social Twitter, en la idoneidad de avanzar en el diálogo entre las partes para tratar de encontrar un acuerdo. Y ello a pesar de que la responsabilidad exclusiva sobre el estado de Nosquera 9 y 11 es del Consistorio al ser el propietario del mismo y al carecer de autorización alguna La Casa Invisible para ocuparlo desde principios de 2012.

En este intento por reconducir la situación, De la Torre llega a plantear espacios alternativos que puedan ser utilizados por el colectivo mientras se desarrollan los trabajos de rehabilitación del edificio actual. Uno de los que se puso sobre la mesa la pasada semana son los comedores del antiguo campus universitario de El Ejido, que fueron transferidos al Ayuntamiento en el marco del acuerdo por el que la ciudad cedió el suelo para la ampliación de la Universidad. Sobre ello, Pomares dijo que es una posibilidad "que ya tenemos disponible", aunque apuntó que se puede buscar otras opciones.