La decisión del juzgado número 14 de Málaga de investigar la posible comisión de un delito de cohecho en la adjudicación de la piscina municipal de Puerto de la Torre, que recayó en la unión temporal de empresas integrada por Explotación y Desarrollo de Servicios, S.L. e Incomar Blue, S.L., parece haber pillado por sorpresa al equipo de gobierno del PP. Como ya ocurriera en el caso Teconsa, empresa relacionada con la trama Gürtel y a la que se contrató para la ejecución de parte de la remodelación de la carretera de la Azucarera y objeto de una investigación judicial, el alcalde, Francisco de la Torre, negó ayer tener constancia alguna de la intervención iniciada por el juzgado, dado que el mismo "no ha pedido ninguna información".

El regidor, incluso, negó que se pueda hablar en este caso de un "trato de favor" por parte del Ayuntamiento hacia la concesionaria, por cuanto ésta fue la única que concurrió al concurso público. "Sólo se presentó una y ofertó una cifra bastante superior a la licitación; cuando hay varias empresas se puede hablar de trato de favor, pero cuando sólo hay una es difícil", afirmó.

De la Torre rechazó la opción de rescindir el contrato con la firma, al entender que no dispone de datos para adoptar esta decisión, aunque sí subrayó la necesidad de que se ofrezca un buen servicio en las instalaciones de Puerto de la Torre, "que haya una calidad adecuada". Unos extremos que en los últimos meses han puesto en duda numerosos vecinos de la zona y algunos trabajadores que, tras remitir sendos escritos de queja al propio alcalde y al concejal de Deportes, Elías Bendodo, fueron despedidos.

Al parecer, el juzgado número 14 interviene tras haber recibido las pesquisas realizadas por la Fiscalía, que, a su vez, ha actuado tras disponer de una amplia documentación puesta a su disposición por el grupo municipal del PSOE. Precisamente ayer, desde las filas socialista se guardó silencio al respecto. Ni la portavoz de la formación en la Casona del Parque, Begoña Medina, ni el secretario general de la organización en la provincia, Miguel Ángel Heredia, quisieron pronunciarse, aduciendo que el tema se encuentra en el ámbito judicial. "Vamos a respetar los procesos", apuntó Medina.

No es la primera ocasión en la que esta piscina, inaugurada hace casi dos años, es objeto de polémica. A las numerosas denuncias públicas realizadas por los ediles socialistas hay que sumar la realizada en noviembre del año pasado por IU, cuyo portavoz en la Casona del Parque, Pedro Moreno Brenes, reclamó al equipo de gobierno que retirase la concesión de las instalaciones a Explotación y Desarrollo de Servicios, S.L. e Incomar Blue, S.L., al entender que las firmas privadas incumplieron el contrato firmado en abril de 2009 por el que se comprometían a realizar la segunda, tercera y cuarta fase del proyecto en un periodo de 18 meses a contar desde entonces. Ese plazo, informaron desde la coalición de izquierdas, expiró en octubre.

Según Moreno Brenes, las obras que tendrían que haberse realizado en las correspondientes a unas pistas deportivas al aire libre, al norte del edificio de la piscina; un pabellón cubierto y un edificio socio-cultural con fachada a la calle Lope de Rueda. Precisamente, la coalición de izquierdas tiene intención de presentar una moción a la próxima Comisión de Urbanismo.