El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, denunció ayer que el equipo de gobierno del PP pretende aprobar en el Pleno de mañana la suspensión de cinco convenios con entidades sociales, lo que supondrá la eliminación de 71 plazas de atención para personas mayores y con discapacidad mental, mientras desde el aludieron a que se trata de competencias de la Junta de Andalucía.

"La poda ha comenzado por la atención especializada en centros y residencias, por las personas más vulnerables; éste es el plan de austeridad del PP", criticó ayer Conejo, que apostilló: "No hay excusas ni argumentos; suspender convenios que llevan funcionando desde hace más de 20 años sólo puede considerarse como un paso atrás en la política de derechos sociales de la Diputación".

El portavoz socialista dijo que pedirá la retirada de este punto del orden del día. Los convenios a los que aludió son los correspondientes a la residencia de mayores de San José de la Montaña, en el Valle de Abdalajís, con 10 plazas para personas mayores, y el establecido con las Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús, que cubre a nueve personas con discapacidad mental grave y cinco mayores con trastornos graves y continuados de conducta. También se incluye el convenio con la residencia de mayores Glorieta de San José, en Arriate, que atiende a cinco personas mayores; el acuerdo con la residencia asistida Montemar de Comansar, con 29 plazas concertadas para mayores, y el convenio con la Asociación Protectora Malagueña de Minusválidos Psíquicos, que atiende a 23 personas.

La respuesta del equipo de gobierno del PP vino de la mano de la vicepresidenta tercera de la Diputación, Ana Mata, que exigió a la Junta que "asuma sus competencias" y comience a dar cobertura legal a las personas dependientes que están en centros privados. Mata recordó que la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social tiene sin firmar los expedientes que facilitarían una atención pública a 33 pacientes que aún mantiene la institución provincial en estas residencias. Por ello, dijo, el organismo se ve obligado a suspender los acuerdos que mantiene con cinco residencias. "Este tipo de convenios no cumplen la legalidad vigente por la poderosa razón, entre otras, de que las personas internas y mantenidas ahí según convenios privados tienen derecho a cobertura pública", argumentó.